Dos tragedias marcaron esta semana el estado de la niñez y la juventud puertorriqueña. Y en ambas, el Estado no llegó a tiempo. En Aibonito, Anthonieska Avilés fue sentenciada a 38 años, 6 meses y 1 día de prisión por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de apenas 16 años, justo días después de que la madre de Anthonieska recibiera una condena de 102 años por el mismo caso. En Arroyo, un adolescente de 16 años, Yadiel Torrales Lazú, apareció baleado tras escapar de un hogar sustituto en Miramar. Su muerte destapó algo peor: el gobierno desconoce el paradero de 39 menores bajo su propia tutela, en un total de 160 desapariciones reportadas solo este año.
Detrás de ambos casos hay una misma advertencia. Estalla y escandaliza cuando llega a los medios y luego se apaga. La violencia juvenil no nace la misma noche en que estalla: germina despacio, en un aula sin un maestro de apoyo, en una casa que sostiene a sus hijos a duras penas, en una cita de salud mental que existe en el papel, pero nunca llega a agendarse. Anthonieska tenía 17 años al momento de los hechos. Participaba en un programa de educación especial. Su defensa alegó que su edad mental no correspondía a su edad cronológica. Aun así, fue procesada como adulta, sin que se le abriera la puerta de una institución juvenil. Eso no la absuelve. Pero pone el dedo en la llaga: dónde estaba el Estado y sus instituciones antes de esa fatídica madrugada del crimen.
El caso de Yadiel expone algo más profundo que una simple fuga. De los 39 menores con paradero desconocido, la mayoría tiene entre 14 y 20 años. Justo la edad en que un sistema que sus propios estudiosos llaman “anquilosado” empieza a perder el hilo de a quién cuida, y termina devolviendo a esos jóvenes al mismo entorno del que un día los sacó, sin haberles dado antes una razón mejor para quedarse. Desde 2024, el país cuenta con un Plan Nacional de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia, con recursos ya asignados, que, según quienes lo redactaron, sigue dormido. Priorizar que un menor sea acogido por familiares o por alguien con un vínculo afectivo real no requiere mucha imaginación. Exige desengavetar proyectos bien pensados.
Sería un error de enfoque cargarle toda esta cuenta al Estado. Puerto Rico también tiene su propia reserva de personas que no han dejado de dar la voz de alarma. Marcos Santana Andújar, de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, ha sostenido en estas mismas páginas que más de 390,000 menores viven bajo niveles de pobreza. Desde ESCAPE, Yadira Pizarro Quiles repite que la prevención sirve antes de la crisis, nunca después. United Way Puerto Rico construye puentes que acercan recursos a las familias con menos recursos. Sin estas iniciativas y otras como ellas, el panorama sería mucho más terrible.
La sentencia impuesta a Anthonieska no cierra el asunto. Garantizarle una oportunidad real de rehabilitación es, después de todo, la misión que nuestro propio ordenamiento constitucional le exige al sistema penal. Tampoco puede pasarse por alto cómo el país presenció este proceso: convertido, según algunos juristas, en un espectáculo que pudo pesar sobre el derecho de la joven a un juicio justo e imparcial. Puerto Rico necesita revisar cómo se tramitan judicialmente estos casos, sobre todo cuando hay menores de edad de por medio. Cuidando, claro está, de no erosionar la libertad de expresión.
“Nuestros niños primero” no puede seguir siendo una frase de campaña. Puerto Rico ya sabe qué hacer. El plan prácticamente está escrito, solo faltan afinaciones que equipos de expertos comprometidos con el bienestar del país están dispuestos a considerar, incluso sin remuneración. La gente y los equipos competentes llevan años pidiendo espacio para actuar. Falta una sola cosa: dejar de contar niños extraviados y empezar, de una vez por todas, a encontrarlos y salvarlos antes de que se pierdan.
