La devastación causada por dos intensos terremotos en Venezuela obliga a asumir, sin más dilación, la revisión abarcadora de los códigos de construcción y el cumplimiento cabal de las medidas de seguridad sísmica en Puerto Rico. Son lecciones desde el profundo dolor por los miles de víctimas fatales y las cuantiosas pérdidas materiales que tienen al vecino país sumido en una de sus peores catástrofes.
Los registros tras los movimientos telúricos estremecen. El pasado 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, estos dos sismos con magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron el norte de Venezuela. Ese tipo de fenómeno extremo no se registraba allí en más de un siglo. El balance, todavía provisional, es desolador: más de 2,500 muertos, sobre 12,000 heridos y cerca de 16,000 damnificados, con 855 edificios afectados, de los cuales 189 colapsaron totalmente. Ocho de cada diez edificios totalmente derrumbados se concentraron en el estado La Guaira, y análisis satelitales de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés) sugieren que los inmuebles dañados o destruidos podrían superar los 58,000.
La solidaridad ha mostrado, nuevamente, su esperanzadora gestión, particularmente por la presencia de rescatistas de 33 países, quienes han salvado al sacar de entre los escombros a miles de personas. Ese mismo sentimiento de genuina empatía ante la emergencia venezolana y, como pueblo desprendido, mantiene en Puerto Rico varios operativos para encaminar ayuda humanitaria a los hermanos suramericanos.
No obstante, nos compete mirar esa tragedia como un espejo. Puerto Rico se ubica en una región de actividad sísmica constante, y los terremotos de la zona sur en 2020 fueron un duro recordatorio de la magnitud destructiva de estos fenómenos. En mayo pasado, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) advirtió, con un nuevo mapa de peligro sísmico para Puerto Rico que cada rincón del archipiélago y las Islas Vírgenes estadounidenses enfrenta, al menos, un 34% de probabilidad de experimentar movimiento de tierra significativo en algún momento a lo largo de los próximos 100 años.
Lo que hoy observamos consternados en Venezuela se agravó, en muchos casos, por las condiciones deficientes de sus edificaciones: los peritos atribuyen buena parte de la mortandad a construcciones precarias y al colapso de edificios antiguos.
Los señalamientos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, recogidos en el informe de su Comisión de Terremotos presentado en mayo, deben atenderse con toda seriedad. El documento advierte que numerosos edificios de concreto construidos antes de 1987 —incluyendo infraestructura crítica— enfrentan riesgo de colapso durante un terremoto, principalmente por deficiencias en sus métodos de construcción y en la calidad de los materiales.
Nuestra isla mantiene, además, asignaturas pendientes. Tras los sismos de 2020, el propio Colegio de Ingenieros advirtió que cientos de escuelas podrían colapsar por el defecto de la columna corta, que impide que las columnas oscilen en toda su extensión y las quiebra a la mitad, haciendo caer los pisos como un acordeón. Que aún se detecten planteles escolares con esa falla, pese a décadas de advertencias, es inaceptable. Igual urgencia merece la propuesta de la Comisión de Terremotos para acortar los ciclos de inspección general de las edificaciones, hoy pautados cada 40 años.
Pero, en este balance, hay una dimensión que representa una crasa negligencia. La advertencia de tsunami emitida para Puerto Rico la misma noche del sismo venezolano, aunque cancelada poco después, dejó en evidencia la fragilidad de nuestros sistemas de alerta en el litoral. Una tarea que compete directamente a los municipios costeros, la que corresponde auditar con celo y urgencia al gobierno central.
Finalmente, urge reforzar la educación ciudadana frente a la construcción informal, que ignora recomendaciones esenciales de seguridad al levantarse en terrenos susceptibles a inundaciones y de mayor vulnerabilidad sísmica.
Lo ocurrido en Venezuela, donde monumentales edificios cayeron como castillos de naipe, es mucho más que un llamado de alerta. Nos obliga a actuar. No hacerlo será amplificar el dolor la ciudadanía tras las inevitables tragedias que, sin advertencia, nos depara la naturaleza.
