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La legislatura tiene que rendir cuentas al pueblo

Ha sido necesaria la intervención judicial para frenar la actitud intransigente del Senado de negarse a divulgar información de interés público, como lo es la nómina senatorial. Ha sido otra instancia de la preponderancia legislativa que da la espalda al interés del pueblo.

La resistencia legislativa a rendir cuentas contraviene las prácticas fundamentales de sana administración pública. Y atenta contra el bienestar de Puerto Rico en medio del titánico reto, enfrentado por el pueblo puertorriqueño, de alcanzar la recuperación fiscal.

Es inaceptable la reiterada negativa del liderato legislativo a responder a los legítimos reclamos de divulgar el desglose de honorarios del personal legislativo y otras informaciones de interés público.

Mediante subterfugios y argumentos insostenibles, los líderes legislativos han forzado a incurrir en onerosas demandas en los tribunales, en su empeño de ocultar las nóminas y contratos que reflejan su manejo de millonarias partidas presupuestarias. Estas prácticas oscurantistas ignoran el firme clamor ciudadano por una administración gubernamental transparente y centrada en la rendición de cuentas.

A raíz de la demanda incoada por una candidata a representante, el Tribunal Superior ordenó al Senado divulgar las nóminas del personal senatorial. A pesar de exponer reparos iniciales, el cuerpo entregó ayer documentos sobre los sueldos devengados por empleados.

La Cámara de Representantes también enfrenta reclamos judiciales por su negativa a cumplir con las normas de transparencia de la gestión gubernamental. Ese cuerpo legislativo ha impugnado el reclamo que un representante ha presentado en corte para que el liderato divulgue la nómina cameral.

Esta soberbia legislativa agudiza la desconfianza del pueblo y de las entidades fiscalizadoras en la institución que formula las leyes que rigen la sana administración de los fondos públicos.

No puede ignorarse que la Asamblea Legislativa ha sido señalada por una diversidad de prácticas ilegales que incluyen empleados fantasmas y la contratación de personal sin méritos y remunerados en exceso. Los contratos y colocaciones otorgados a base de amiguismo, nepotismo o inversionismo político son uno de los males recurrentes en la gestión legislativa. Esta Asamblea Legislativa ha sido, lamentablemente, muy elocuente en ese aspecto.

La Cámara se inclina al desafío del interés público, mientras que el Tribunal reconoce el derecho del pueblo a estar informado y determina que los documentos públicos, incluyendo la nómina del personal legislativo, no son información confidencial.

Con la temeraria actitud de reclamar un trato privilegiado inaceptable, la legislatura bloquea la fiscalización que puede facilitar la administración adecuada de los haberes públicos en relación con las compensaciones. El nivel de complejidad de las labores, y la preparación y experiencia del empleado o contratista son criterios de eficiencia que pueden ser medidos a base de las informaciones sobre las cuantías de las nóminas y los contratos.

Las estructuras de reclutamiento y paga para la mayoría de los empleados públicos, cuyas escalas salariales y normas de contratación se rigen por leyes y reglamentos públicos, deben aplicarse en la rama legislativa.

Investigaciones periodísticas, auditorías de la Oficina del Contralor y pesquisas federales han revelado la existencia de contrataciones onerosas de personal sin experiencia para las tareas encomendadas, pagos exorbitantes por tareas no especializadas, así como esquemas de fraude con salarios inflados a cambio de pagos ilegales a legisladores. Exlegisladores enfrentan cargos judiciales de corrupción.

A corto plazo, la divulgación de la nómina legislativa debería conducir a frenar las remuneraciones exorbitantes y a establecer retribuciones justas a base del principio del mérito.

Es hora de erradicar de la Asamblea Legislativa las prácticas que minan la salud de la administración pública, en particular del erario.

En la Asamblea Legislativa, como en las demás ramas de gobierno, la transparencia en la gestión pública tiene que ser condición imprescindible para la restitución de la confianza ciudadana en sus instituciones y en el diseño del Puerto Rico que nuestra gente merece.

 

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