La plétora de graves señalamientos que durante los pasados meses han trascendido sobre el desempeño de la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, la han inhabilitado para el fundamental cargo que ocupa en el gabinete constitucional y le haría bien al país que, viendo el impacto de esta polémica en el crítico servicio que la agencia le debe a la sociedad, dimita al cargo sin más demora.

No hacemos este reclamo de manera ligera. Estamos conscientes de que escoger su equipo de trabajo es una de las facultades más fundamentales de cualquier gobernante. No obstante, estamos convencidos de que, en las circunstancias actuales, Roig Fuertes ha perdido la capacidad de ejercer su cargo de la manera efectiva en que Puerto Rico lo necesita.

La más grave de las denuncias, y la que más le ha costado la secretaria explicar, es la de que intentó, en circunstancias muy cuestionables, darle un contrato de servicios educativos, a la empresa NOLA Education, que se incorporó menos de un mes antes de obtener el trato, el mismo día en que Roig Fuertes regresó a Puerto Rico de visitar las instalaciones de la empresa en Louisiana.

Según ha trascendido, la misma Roig Fuertes invitó a empresas a participar de la licitación. Una de las empresas invitadas declinó participar. La secretaria aun así los metió en el proceso, lo que le ganó una demanda de la empresa y la sospecha de que lo hizo para fingir que había ocurrido un proceso “competitivo”.

El contrato le fue adjudicado a NOLA Education, pero no se finiquitó porque Blanca Medina, entonces jefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), la dependencia del Departamento de la Familia (DF) que se pretendía pagaría la firma, se negó a estamparle su rúbrica porque incumplía regulaciones federales. Por esto, fue despedida y sometida a un desagradable operativo público de desprestigio.

Esta controversia es ya investigada por el Senado, por el Departamento de Justicia de Puerto Rico y por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud de Estados Unidos y pronto lo será también por el Fiscal Especial Independiente (FEI). La secretaria niega haber cometido cualquier irregularidad, pero sus respuestas ante el Senado el pasado 7 de octubre no convencieron. La gobernadora Jenniffer González continúa respaldándola.

Mientras la secretaria pasa tiempo enredada en estas controversias -la de NOLA Education no es la única, sino la que más en detalle ha sido expuesta-, las áreas de interés de la agencia, que es nada más y nada menos que la protección de tres de los grupos más vulnerables de la sociedad - los pobres, los niños y los adultos mayores-, continúan agravándose.

La agencia tiene una crisis con el abandono de ancianos. Recientemente varios de casos de maltrato infantil, incluyendo la muerte de un niño de cuatro años bajo custodia del Departamento de la Familia, sacudieron al país. Además, trabajadores sociales de la agencia denunciaron que niños removidos de sus familias por maltrato pernoctan por días en oficinas de la agencia estatal por falta de alternativas de ubicación. Hace unos días, igual, se vio un caos en la recertificación de participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

Esas son los problemas en los que una Secretaría de la Familia debía dedicar toda su concentración. Roig Fuertes, en cambio, está luchando por su supervivencia en el puesto. Si ella por su propia cuenta no llega a la conclusión de que, en este momento, le sirve mejor al país dejando el puesto, la gobernadora González, que se debe al pueblo antes que a cualquier funcionario, debía, entonces, mostrarle con firmeza la puerta de salida.