La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tomó una determinación acertada al revocar este viernes el millonario contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el consorcio compuesto por Power Expectations LLC, Enchanted Rock LLC y Reyes Contractor LLC.
Al comunicar su decisión, la JSF describió el contrato como uno “irreparablemente viciado” y notificó que de inmediato ordenó a la AEE rescindir el acuerdo por $5,887 millones, articulado para encaminar el despliegue, instalación, operación y mantenimiento de unidades temporeras de generación con una capacidad total de 400 megavatios (MW).
La JSF había anticipado un posible acto de fraude en la firma del referido contrato. El hecho se ha sumado a la lista de desaciertos que frenan la recuperación de Puerto Rico, pese a los constantes reclamos de progreso por parte del gobierno en materia de generación de energía.
Parte de la cuota del serio desatino, cuyos detalles afloraron en los pasados días, corresponde a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), cuyo director ejecutivo Francisco Domenech, debió procurar rigurosidad extrema en estos asuntos cruciales para el país. En la gestión, además, queda en entredicho el asesoramiento sobre las empresas con interés de contratación, delegada a la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés) encabezada por el exfiscal federal Osvaldo Carlo.
Lo que ha trascendido públicamente generó preocupaciones de peso que ya redundan en referidos de la JSF a las autoridades pertinentes, incluyendo al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Se presume que el cuestionable contrato surgió al amparo del inicial visto bueno de la AAFAF, entidad con la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las mejores prácticas en las agencias estatales. Hoy, para recuperar confianza y fortalecer la gobernanza, el país merece una investigación minuciosa sobre lo ocurrido e información clara al término de las indagaciones. En tal sentido, ha sido un paso pertinente de la gobernadora favorecer la pesquisa.
En síntesis, por el momento se sabe que tras una propuesta inicial del operador Genera PR, que gestiona la flota generatriz a través de un contrato de Alianza Público Privada, el gobierno puso en marcha un RFP expedito para adquirir unos 800 megavatios de energía de resguardo que impidieran otro apagón durante la temporada de huracanes. Se aseguró que el mecanismo estaría disponible entre agosto y septiembre del año pasado. El proceso fue encomendado a la 3PPO, adscrita a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP) con la misión de aportar transparencia y rigor en la evaluación de proponentes y que ha costado a los contribuyentes unos $400,000.
Sin embargo, el escrutinio de la JSF y del Negociado de Energía (NEPR) pone de manifiesto que el proceso fue deficiente y se seleccionó a un licitador incapaz. Power Expectations, cuyo contrato se firmó el 10 de junio, no posee la experiencia ni la profundidad financiera para la tarea encomendada. Al momento de su selección, la División de Corporaciones del Departamento de Estado de Florida había desactivado su registro por no entregar su informe anual, a lo que se suma un historial de antecedentes penales de su líder. A más de dos meses de la firma del contrato, la empresa no ha cumplido con los términos requeridos.
No convencen las explicaciones del 3PPO respecto a la posible comparecencia fraudulenta de Enchanted ni los argumentos sobre la reorganización y salida a bolsa de su matriz, ERock Inc. Si Enchanted hubiese autorizado su participación en el acuerdo con la AEE, resulta ingenuo pensar que la nueva matriz descartaría un contrato cuyo valor multiplica por 10 sus activos totales. Es más desconcertante aún que el zar de Energía supiera de la situación de Enchanted hace meses y que ahora se pretenda subsanar el problema permitiendo que Power Expectations traiga otro socio a la mesa, Flotek Industries, cuya pericia está por verse.
Los eventos demuestran que el 3PPO, la AAPP y la AEE erraron al centrar su análisis en el precio ofrecido vis-à-vis los quilates reales de un licitador. Lo ocurrido es otro nefasto ejemplo de cuestionables procesos de licitación y contratación en el gobierno. Power Expectations es hoy sinónimo de Whitefish Holdings tras el huracán María; de J.R. Asphalt y Waste Collection en los municipios; de Rocket Learning y Vernet en el Departamento de Educación.
Mientras el debate sobre la salida de la JSF se centra en el balance presupuestario, controversias como la de Power Expectations demuestran que la falla más costosa -o tal vez, crítica- en la administración pública del país está en sus procesos de licitación y contratación. Corregir este mal de raíz devolverá la credibilidad a las instituciones y asegurará que el pueblo reciba los servicios de calidad a los que tiene derecho y merece.
