Cuando aún no concluye la primera quincena del nuevo año, la incursión de Estados Unidos en Venezuela ha vuelto a estremecer el escenario geopolítico regional y ha puesto a Puerto Rico ante una pregunta compleja: cómo leer las oportunidades y los riesgos económicos que emergen en medio de un conflicto atravesado por enormes dilemas éticos.
Desde una perspectiva estrictamente económica, Puerto Rico reaparece como un punto relevante en el Caribe, no solo por su valor estratégico en materia de seguridad, sino también como plataforma logística, comercial y de servicios cuando esta región se replantea. Esa centralidad —atravesada por una ardiente polémica global— podría traducirse en impactos económicos que merecen ser evaluados con pragmatismo. Pero una oportunidad, como todas, también tiene riesgos. Y uno de esos riesgos —quizás el mayor— es quedarse dormidos y ver pasar oportunidades que las potencias, sin pedirlo nosotros, colocan frente a la Isla.
Esta semana, El Nuevo Día informó que sectores empresariales y analistas identifican una posible ventana para retomar vínculos comerciales con Venezuela, particularmente en áreas como logística, farmacéutica y servicios asociados a eventuales procesos de reconstrucción. No se trata de una relación nueva. Dos décadas atrás, Venezuela fue un socio comercial relevante para Puerto Rico, en un intercambio marcado por una lógica clara: energía desde allá y manufactura desde la Isla.
El desarrollo del sector farmacéutico y químico en Puerto Rico se consolidó al amparo de los incentivos contributivos federales, particularmente la Sección 936 del Código de Rentas Internas. Fue un esquema virtuoso que nos permitió participar del comercio global con productos de alta tecnología, hechos aquí, con talento profesional local. Uno de los destinos de esa producción fue Venezuela, entonces un socio clave cuando su economía se concentraba en la exportación de crudo y derivados. La pregunta de fondo es si Puerto Rico está preparado para moverse con la rapidez y la asertividad que exige este momento. La Fortaleza tiene ante sí una nueva vía que podría ayudar, si logra articular soluciones concretas, a mejorar su posicionamiento ante una opinión pública crítica y cansada. Tampoco hay que perder de vista que este mismo ejercicio se está haciendo en Texas, Florida y Panamá, entre otros lugares.
Hay, además, otra dimensión que no conviene soslayar. Durante los últimos años, Puerto Rico ha vivido bajo la sombra de una relación tensa con el gobierno de Donald Trump, marcada por la desconfianza hacia el manejo de la economía y, en particular, hacia la administración de los fondos federales. Esa suspicacia se ha traducido en retrasos, fiscalización extrema y dificultades incluso para lograr que beneficios sociales básicos se apliquen en condiciones de igualdad con los estados. El reposicionamiento estratégico de Puerto Rico podría forzar una relectura desde Washington. No por afinidad política ni por sensibilidad social, sino por una lógica que el propio presidente Trump ha demostrado dominar: el cálculo frío del interés.
Este análisis no puede obviar las voces críticas que cuestionan los objetivos y métodos de esta estrategia: una intervención percibida como meramente comercial, que deja intactas estructuras del poder chavista y de la dictadura de Maduro, e ignora figuras emblemáticas de la oposición democrática venezolana, como la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado. ¿Habrá alguna decisión más elocuente y fría que esta?
Al mismo tiempo, sería injusto ignorar las voces de venezolanos —dentro del país y entre los millones que conforman la sufrida diáspora— que anhelan que esta incursión sea el inicio de un proceso largamente esperado para castigar a los responsables de la tragedia nacional y abrir, eventualmente, un camino hacia la recuperación democrática, donde una opción viable es retomar el mandato conquistado en las pasadas elecciones por Edmundo González, cuya abrumadora mayoría fue abusivamente ignorada por Nicolás Maduro.
Puerto Rico enfrenta un escenario incómodo. Por una parte, apoyar con nitidez una solución que abra caminos al restablecimiento de la plena democracia en Venezuela y, por otra, aprovechar las oportunidades económicas derivadas de esta coyuntura. Esto no implica oportunismo, y menos aún validar acciones cuestionables. Implica reconocer que las decisiones de las grandes potencias generan efectos colaterales que impactan directamente a la Isla, para bien o para mal.
