La escasez de agua que vive Puerto Rico se agrava a niveles alarmantes. El Monitor de Sequía de Estados Unidos reportó que la sequía severa pasó del 14.28% al 24.75% en apenas siete días, mientras 27 municipios —desde Cabo Rojo hasta Fajardo— ya se ubican en ese rango y cerca de 2.7 millones de personas habitan zonas con algún nivel de sequía.
Se aprecia con gran preocupación cómo el embalse Carraízo, que abastece a 180,000 clientes en Carolina, Canóvanas, Gurabo, Loíza, San Juan y Trujillo Alto, se acerca al nivel de racionamiento. La gobernadora Jenniffer González ha tomado un paso atinado al decretar este viernes un estado de emergencia debido a la situación imperante, justo a punto del inicio de un nuevo año escolar. Reconocemos que es acertada la movilización de la Guardia Nacional para brindar apoyo en el suministro de agua en camiones con tanques y otras gestiones urgentes. Ha sido prudente, igualmente, la congelación de precios de productos de primera necesidad y otras medidas para afinar la mitigación ante necesidades imperiosas de las comunidades afectadas por la carencia de agua potable.
Sin embargo, a estas alturas, resulta un insulto a la inteligencia de los puertorriqueños plantear que el agua escasea por la falta de lluvia. Como ha documentado en estas páginas el ingeniero Carl Soderberg, Puerto Rico arrastra una crisis hídrica estructural que antecede por años a cualquier sequía: infraestructura de las décadas de 1940 y 1950 que ya excedió su vida útil, una Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que no controla ni la energía eléctrica de la que depende ni la mayoría de los embalses de la isla —solo tiene jurisdicción sobre ocho de 36—, y embalses como Dos Bocas y Guayabal que han perdido 70% y 50% de su capacidad, respectivamente, por sedimentación acumulada. El avance del agua salada llevó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a declarar en estado crítico el Acuífero del Sur.
Igual que el fantasma que acecha a nuestra vetusta red eléctrica, las averías no cesan. Ahí está la que afectó a la planta Finca Rosso 1, dejando a 60,000 abonados de Bayamón y Guaynabo con presión baja o intermitente. La situación allí ilustra la naturaleza del problema: fue una fluctuación de voltaje la que apagó y quemó las bombas y provocó la rotura. La AAA asegura que ya logró reparar la falla. Es el tipo de respuesta operacional que esperamos, pero no basta. Como advertimos en junio, cuando el país llevaba meses padeciendo interrupciones en San Juan, Bayamón y en decenas de otras comunidades, tampoco sirve la excusa de que se trata de una herencia de administraciones del pasado. El director de la AAA fue nombrado para resolver, no solo para dar explicaciones.
Mientras el gobierno atiende ambos frentes —las averías de infraestructura y la sequía que se avecina—, los ciudadanos también tienen una responsabilidad ineludible. El consumo desmedido o innecesario de agua, en un momento en que los embalses pierden capacidad día a día, no es un lujo que el país pueda permitirse. Esa responsabilidad debe ejercerse con especial cuidado hacia los sectores más vulnerables: hospitales y hogares de cuidado de adultos mayores requieren atención prioritaria y garantías de suministro ante cualquier contingencia.
Este complejo escenario invita a revisar el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, que contiene 59 recomendaciones sobre el recurso agua —reducción de pérdidas en el sistema de distribución, reúso de aguas tratadas, captación de agua de lluvia, barreras contra la intrusión salina— que llevan dos años engavetadas.
La sequía, sin dudas, es una emergencia nacional. Y así debe enfrentarse. Con la suma de voluntades públicas y privadas. Sin embargo, urge que esa premura se extienda a las reformas estructurales que la AAA necesita desde hace décadas. Las fallas en la energía eléctrica y ahora esta inaudita escasez de agua simplemente agotan la paciencia.
