La salida de Francisco Domenech como secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), así como la de Itza García como subsecretaria de la Gobernación, cierra un tormentoso capítulo gestado desde el inicio de esta administración. El desenlace llegó tras meses de enfrentamientos que trascendieron lo político. Y otra vez una crisis mal manejada, con una porfía inexplicable de sus protagonistas, terminó desviando la atención de las situaciones urgentes que verdaderamente agobian a los puertorriqueños.
Dos semanas después de nombrar a Domenech, la gobernadora le concedió, mediante orden ejecutiva, 22 poderes extraordinarios, incluida la facultad de desautorizar nombramientos de carrera y de aprobar toda contratación de servicios. Esa concentración de autoridad explica cómo se convirtió en el hombre fuerte del gabinete, cuestión que, como veremos, también forma parte del problema que deberá resolver Jenniffer González.
Las tempranas polémicas ya venían en rumbo de colisión. El momento más álgido estuvo vinculado a la renuncia del exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, el 26 de mayo, quien alegó que La Fortaleza le retiró la confianza tras sus choques con Domenech por la destitución del director de la Oficina de Gerencia de Permisos. Ambos terminaron denunciándose mutuamente. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, amplió después el cerco al referir también a García y sometió a Domenech a la primera comisión total en la historia del Senado contra un secretario de la Gobernación, donde se abordaron los señalamientos sobre Politank, la empresa de cabildeo que Domenech, según aseguró, vendió antes de asumir su cargo en La Fortaleza.
En ese contexto, resultó atinada la decisión de que ambos dejaran sus cargos: Domenech, el 7 de agosto, y García, el 15. Sin embargo, preocupa el tono del anuncio de la gobernadora al notificar las salidas de ambos funcionarios, sin espacio para preguntas de la prensa. En lugar de admitir la gravedad de tener a dos colaboradores cercanos bajo investigación, presentó las renuncias como una concesión ante “agendas y ataques” de “algunos sectores”. El país no necesita protección frente a las críticas a su gobierno; urge transparencia ante las preguntas legítimas de los periodistas.
Los choques vinculados a la Secretaría de la Gobernación no son del todo nuevos. Desde que el entonces gobernador Rafael Hernández Colón creó el puesto, mediante orden ejecutiva firmada en 1986, el cargo ha generado cuestionamientos recurrentes sobre su legalidad y el poder que concentra sin pasar por la confirmación del Senado.
Todo esto obliga a una revisión urgente, al cubrir la vacante, de cuánto poder es razonable concentrar en ese cargo, que debe coordinar la implantación del plan de gobierno y servir de enlace entre la primera ejecutiva y el resto del gabinete. Pero un cargo de tan alta concentración de poder, que no requiere confirmación del Senado, no puede quedar exento de los principios que rigen toda buena gobernanza: transparencia en el manejo de la información pública, rendición de cuentas ante la ciudadanía, procesos de contratación libres de clientelismo político y nepotismo, y controles internos capaces de detectar a tiempo las conductas que erosionan la confianza pública.
Quien asuma el cargo debe ser, además, un comunicador empático, con temple y capacidad para promover el respeto entre los secretarios y directores de agencias, de manera que el gabinete funcione como un equipo cohesionado y no como una colección de silos.
Los retos de fondo no son menores: salud, educación, seguridad pública, carreteras, energía y agua potable exigen atención sostenida, junto con completar la reestructuración de la deuda con la Junta de Supervisión Fiscal y lograr el regreso robusto de Puerto Rico a los mercados de capital.
La Fortaleza diluye su relevancia cuando agota sus energías en disputas políticas atizadas por apetitos electoreros. La gobernadora tiene el reto de recuperar terreno en dos frentes: en el interno, el liderazgo que cedió a Domenech; en el externo, las múltiples tareas urgentes que el momento económico y social de Puerto Rico demanda. La elección de quien ocupe la Secretaría de la Gobernación, y el estándar de transparencia que se exija a partir de ahora demostrarán si los pasos son atinados y redundan en bienestar para un país atribulado.
