Lograr una reforma de permisos que contribuya a mejorar el clima económico y social de Puerto Rico debería ser un paso certero, producto de determinaciones bien calibradas porque implican la adopción de disposiciones con potencial de impactar de forma irreversible bienes y recursos únicos de nuestro país.
El proyecto de reforma recién aprobado en el Senado -una medida sustitutiva de dos piezas presentadas originalmente para atender este asunto- debe ser examinada con cautela y prudencia en la Cámara de Representantes. Igualmente, en esta etapa, debería mediar alguna consulta a la Junta de Supervisión Fiscal para garantizar recursos que permitan encaminar cambios pertinentes finalmente legislados.
Sectores académicos, incluyendo expertos en planificación, así como delegaciones de grupos agrícolas, ambientalistas y entidades profesionales de ingenieros, entre otros, han expresado reparos elocuentes en torno a la legislación sustitutiva del Senado. Esas voces deben ser atendidas con el fin de abrir brecha para encaminar enmiendas y afinaciones que permitan descartar avenidas de desprotección irrazonable a zonas de alto valor ecológico y sectores agrícolas importantes, como exponen voces prominentes de ámbitos técnicos y científicos.
Sin dudas, el sistema de permisos en Puerto Rico es absurdamente ineficiente. Como hemos consignado previamente, son recurrentes relatos ampliamente documentados de emprendedores, grandes y pequeños, que pasan meses e incluso años, inmersos en trámites burocráticos engorrosos para obtener diversos permisos del gobierno estatal. Quienes recorren esos laberintos angustiosos narran que con el paso del tiempo los trámites parecerían multiplicarse y complicarse.
La burocracia de los permisos, sumado a la inflación disparada por los precios del petróleo y a la persistente inestabilidad en el sistema energético en la isla forman parte de un monstruo tricéfalo que atormenta al sector comercial e industrial, al igual que a nuevos inversionistas, así como al ciudadano común que aspira a emprender para producir y aportar a nuestra economía.
Revertir las deficiencias del sistema de permisos es un gran desafío del poder legislativo y ejecutivo. La misión, sin embargo, exige un ejercicio meticuloso para eliminar lo innecesario, lo excesivo, lo absurdo y lo redundante, al tiempo que se mantienen o se fortalecen regulaciones indispensables para proteger la vida en comunidad, los recursos naturales y la planificación ordenada en ciudades y campos.
Las posturas inflexibles y desvinculadas del bienestar colectivo no tienen cabida en la ecuación para producir una legislación que debería ser medular para impulsar la recuperación de Puerto Rico. Una reforma de permisos cabal va ligada al desarrollo sostenible, vinculado a la protección de la rica biodiversidad isleña y en esencia a nuestra supervivencia como especie, que como antes hemos destacado es, a fin de cuentas, la aspiración suprema de toda sociedad.
En esta etapa del proceso en la Cámara de Representantes conviene revisar las documentaciones sometidas por grupos interesados que, por ejemplo, justifican con argumentaciones diversas reparos a cambios en la definición de la zona marítimo terrestre. También deben ponderarse las vías de excepción propuestas para “proyectos estratégicos”, que serían referidos a una nueva Oficina Central de Permisos, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
Es loable la intención de simplificar procesos para otorgar permisos, pero asuntos neurálgicos que propician reparos y objeciones deben ser objeto de atención en audiencias públicas camerales. Estos temas al presente incluyen el reemplazo del Permiso Único por el Registro de Uso, que se traduce en que el ciudadano notifica y el Estado registra, pero la fiscalización se produce después, sin precisión de los recursos de inspectores disponibles ni términos de verificación.
Igualmente, genera inquietud la cláusula de supremacía o la determinación de que las disposiciones de la nueva ley, así como los reglamentos adoptados en virtud al estatuto prevalecerán sobre cualquier otra disposición legal, reglamento, norma o procedimiento que no estuviera en armonía con las materias reguladas por esta reforma.
Insistimos que, con todo el país consciente de la importancia de tener un mejor sistema de permisos, el paso prudente debe ser que, incorporando a todos los sectores en la mesa de legislación, se ponderen discrepancias y se logren modificaciones justas para abrir las puertas a una ruta segura de mayor prosperidad económica y estabilidad para Puerto Rico.
