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Una solución a las tarifas de acarreo que no afecte al país

La solución razonable de las discrepancias en torno a las tarifas que rigen el acarreo de los productos que entran a Puerto Rico a través de los puertos no debe seguir postergada. Sin embargo, las estrategias para lograr un acuerdo que satisfaga a las partes en la controversia, de ninguna manera deben incluir actuaciones que afecten la actividad socioeconómica del país.

Llegar a la conclusión adecuada del conflicto, sin interferir con el bienestar de las familias ni de las empresas, está en manos de sectores económicos y sindicales, así como del gobierno local y de la Junta de Supervisión Fiscal, en lo referente a las regulaciones y los posibles efectos fiscales.

La interrupción del acarreo expone a la isla a precariedades que presumen riesgos de envergadura durante la temporada ciclónica y ante los desafíos de la persistente pandemia del COVID-19.

Merecen atención los reclamos de trabajadores que se movilizan a la zona portuaria a recoger los cargamentos de alimentos y otros productos para transportarlos a comercios, industrias o centros de distribución.

No obstante, es necesario que los transportistas tengan presente su misión como servidores de primera línea al diseñar las iniciativas para lograr una revisión de las tarifas por acarreo. Debe primar la apertura al diálogo edificante que plantee alternativas que no menoscaben los servicios al país.

Del transporte de carga terrestre adecuado depende el suministro de comestibles y otros productos esenciales a los comercios al detal. La carencia de víveres y otros bienes indispensables para el consumo, además de afectar la calidad de la vida familiar, limita la estabilidad de los empleados de los establecimientos comerciales.

Igualmente, la escasez de materia prima afecta las operaciones de la manufactura y de otros sectores industriales que ya se han perjudicado severamente a causa de la pandemia.

Al presente, de cara a un repunte del COVID-19 y ante la amenaza de la variante DELTA en la isla, el suministro inadecuado de productos inyecta inestabilidad en las instalaciones críticas, tales como hospitales públicos y privados, y centros de cuido para adultos mayores o pacientes con condiciones crónicas. La restricción o paralización del acarreo, asimismo, pudiera impactar el reabastecimiento de combustible.

Las tarifas de los camioneros deben proveerles una vida digna. Los sectores a los que sirven deben abrir un diálogo que atienda los reclamos sobre la paga a estos trabajadores.

Corresponde a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cumplir su disposición de trabajar con el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos para alcanzar una regulación razonable de las tarifas del trabajo de carga que armonice con el plan fiscal. El punto de vista del ente fiscal sobre la relación entre las tarifas de acarreo y las metas fiscales debe ser transparente para el país.

El sector de acarreo reclama tarifas atemperadas al mercado actual. El régimen de pagos vigente, aprobado en 2005, es incumplido por ciertas entidades, de acuerdo con informes de prensa. Mientras tanto, las nuevas tarifas acogidas por el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos a fines de 2020 están en suspenso.

La ausencia de una solución al conflicto genera inquietudes entre ciudadanos que, temerosos de que se produzca una escasez, se han movilizado a reabastecer de combustible sus vehículos y a realizar compras urgentes en los supermercados.

El 80% de los alimentos que consume la población de Puerto Rico es importado, por lo que resultan cruciales las operaciones ininterrumpidas en los muelles marítimos, que incluyen el descargue y acarreo de productos hasta sus puntos de distribución y venta.

Ante el desafío actual, es necesario que el sector privado, los sindicatos de transportistas, la JSF y el gobierno local establezcan diálogos de mira alta y centrados en el bienestar del pueblo puertorriqueño.

Este empeño tiene que ser constante en medio de los procesos conducentes a la reconstrucción y revitalización económica y fiscal de Puerto Rico, en la que cada sector de la isla es actor crucial.

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