Entre las múltiples anécdotas que han circulado por décadas acerca del valor insuperable que el exgobernador Roberto Sánchez Vilella (1965-1968), atribuía a la ética en el servicio público, quizás ninguna es más reveladora que lo ocurrido en 1965, cuando pidió enmendar la nueva ley de pensiones a exgobernadores para que no le aplicara a él mismo.

$25,000 anuales en 1965, la pensión que se fijó entonces, equivalen a más de un cuarto de millón de dólares hoy, lo cual no es una cifra de ninguna manera desdeñable. Pero Sánchez Vilella la rechazó porque, para él, el servidor público no solo debía ser ético, sino parecerlo también.

Él no habría de permitir siquiera la apariencia de que terminaría beneficiándose de una ley que él mismo había firmado. Desde que salió de la gobernación en 1968, hasta su muerte en 1997, vivió de un salario de profesor universitario y de su modesta pensión de los puestos en el servicio público que ocupó antes de su elección.

En el Puerto Rico de hoy, se cuentan estas cosas y parecen de la prehistoria. Pero no. Son de apenas unas décadas atrás. No vamos a decir que todo era perfecto entonces. Pero sin duda era un tiempo, no muy distante, en que se percibía que las personas nombradas, o electas, a puestos públicos, respetaban dichos puestos y el pueblo al que servían, cuidando, no solo sus actuaciones, sino también las apariencias de estas.

De un tiempo para acá, no obstante, parecería que se multiplican actuaciones desde el ámbito público que han hecho al país preguntarse si quienes incurren en tales actuaciones tienen siquiera la menor noción de lo que es la ética, la decencia y el honor en el servicio público.

Solamente en los últimos meses, hemos visto a una exsecretaria de gabinete investigada por innumerables irregularidades en un negocio personal, otra referida por buscar favorecer con un contrato público a una persona con la que, según se denuncia, tenía una relación sentimental y, en estos días, una reguladora bancaria denunciada por ofrecer aumentar multas a una empresa privada que regulaba, en venganza por los problemas sentimentales de una amiga con el dueño de dicha empresa.

Si vamos siquiera un poco más atrás, hay mucho más. De la corrupción con nombre y apellido (desfalco de fondos públicos, extorsión, conspiraciones) estamos hartos y lo repudiamos con toda nuestra fuerza. Las conductas antiéticas en el servicio público no le hacen menos daño a la sociedad, ni merecen menos repudio, que los actos de corrupción que durante las últimas cuatro décadas han llevado innumerables funcionarios a las rejas.

No parecería algo que haya que repetir, pero aquí vamos: las funciones públicas merecen respeto, tienen que conducirse dentro de los más altos marcos éticos y no deberían dejar espacio a dudas, ni a sombras. Cualquier funcionario público, de cualquier nivel, debe tener presente en todo momento que no trabaja para sí mismo, ni para ningún interés particular, sino para el pueblo, que lo tiene siempre bajo observación y espera, en todo momento, el comportamiento más elevado.

Mucho de lo que se ha visto en este tiempo por supuesto que queda muy por debajo de esa vara. Invitamos, entonces, a los que están, y a los que vienen, a entender que el servicio público es un privilegio que deben agradecer siendo ejemplo de ética, decoro y decencia para el resto de la sociedad. Nada menos es aceptable.