Puerto Rico suma largos años de una promesa incumplida. Un nunca más que se diluye y nos golpea en la cara cada vez que se perpetra otro feminicidio. Y el trágico escenario sigue ahí, construido sobre una lamentable desidia, mientras vemos consumarse finales que nos duelen y que acongojan a cientos de familias.

El asesinato de Gemillies Lozada Navarro, la joven madre loiceña de 25 años perseguida por su expareja en el expreso Román Baldorioty de Castro, donde impactó su automóvil y luego le disparó, no es un caso aislado. Gemillies había solicitado una orden de protección y el Tribunal de Carolina no encontró “motivos suficientes” para concedérsela. Treinta días más tarde, fue ultimada a balazos. Es la historia trágica que se repite.

No es una falla aislada del sistema. La intercesora legal Ángela Jiménez, quien acompaña víctimas en los tribunales de Carolina, San Juan, Mayagüez y Humacao, advierte que aproximadamente el 30% de las órdenes de protección son denegadas. La especialista sostiene que la denegatoria de una orden de protección final desencadena efectos físicos, emocionales y sociales en la víctima, quien queda a merced de una mayor peligrosidad porque su agresor “se crece” y se siente con mayor control.

Mayo ostenta un trágico registro: tres mujeres fueron halladas baleadas dentro de sus vehículos, víctimas de parejas o exparejas que las acecharon y las interceptaron en vías públicas. El Observatorio de Equidad de Género contabilizaba, a finales del mes pasado, 25 feminicidios directos e indirectos en 2026, así como 40 intentos de feminicidio. Este recuento hiere el alma: once menores quedaron sin sus madres.

El país lleva años enfrentando esta tragedia, pero 2021 marcó un antes y un después en la conciencia colectiva. Ese año, Andrea Ruiz Costas compareció ante un tribunal para denunciar el acecho que la aterrorizaba. Como ahora, nadie la protegió y terminó muerta. Ese mismo año, otro episodio dramático conmocionó a Puerto Rico. La joven embarazada Keishla Rodríguez Ortiz desapareció y su muerte sacudió al país. El autor, el exboxeador Félix Verdejo, actuó con fría premeditación. Nada puede devolver la vida de esa madre y su hijo por nacer.

Y si de desidia se trata, basta con mirar el destino del Comité PARE. Este mecanismo multisectorial —integrado por psicólogos, trabajadoras sociales, agentes y representantes del gobierno—, concebido durante el pasado cuatrienio para atacar este problema, paradójicamente, como su sigla, hoy está inmóvil. La administración actual no ha respondido con iniciativas que lo reactiven o lo superen. Mientras, preocupan recortes de asignaciones para albergues y programas de prevención y ayuda a víctimas de la violencia de género.

El Segundo Encuentro de Análisis y Reflexión sobre la Violencia, celebrado el 5 de junio en el Colegio de Abogados y Abogadas, fue categórico: este problema no se resuelve con más policías ni con penas más severas. Lo que se requiere son respuestas interdisciplinarias, inversión sostenida en prevención y autonomía económica para las mujeres. Que a ese foro no haya asistido ningún legislador de los partidos mayoritarios —PNP y PPD— es señal elocuente de que, para la política, la violencia criminal, incluyendo las agresiones domésticas, no es asunto urgente.

La dimensión económica de esta crisis merece, además, atención explícita. La economista Odalys Arroyo sostiene que la violencia contra la mujer no es solo una tragedia humana; es una sangría económica. Mujeres que abandonan sus empleos, familias que pierden ingresos y niños que crecen en entornos traumáticos. Todo eso tiene un costo que el país, con una tasa de pobreza infantil del 59.6%, no puede seguir ignorando. Sin embargo, el impacto más profundo y peligroso se observa en el capital humano. Los hijos que crecen en entornos violentos tienen mayor probabilidad de cargar con heridas que la sociedad terminará pagando durante generaciones.

Han pasado cinco años desde la partida de Andrea y Keishla. Cinco años en los que los cambios han sido insuficientes e inaceptablemente lentos. No es posible dejar pasar más tiempo. Las autoridades deben actuar con diligencia para prevenir el feminicidio. No más explicaciones vanas, no más horror sin consecuencias, no más normalización de la violencia criminal contra las mujeres. Puerto Rico clama justicia y paz.