Opinión
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En estos días, se cumplen 9 años desde la aprobación de la Ley Promesa y la entrada en funciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), como un organismo para reestructurar la deuda gubernamental y sanear las finanzas públicas. Desde su entrada en funciones, el proceso de la quiebra le ha costado al pueblo de Puerto Rico, cerca de $1,700 millones.
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