Quienes conocen al gobernador Ricardo Rosselló en privado dicen que tiene mucho de robot.

Dicen que, además del hombre disciplinado, centrado, persistente y determinado que se ve en público, en privado es casi un monje al que casi nada logra perturbar.

Quizás esa puede ser la explicación de la serenidad, los ademanes de “aquí no ha pasado nada”, la impasibilidad, en fin, que sigue demostrando en público frente al monumental escándalo en que se ha convertido la inexplicable contratación por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de la empresa estadounidense Whitefish Energy para las labores de reconstrucción de la red eléctrica del país tras el paso del huracán María.

Los vientos del huracán Whitefish están soplando hoy tan feroces como los de María, amenazan con volarle el techo a la Administración Rosselló y el gobernador, contrario a los buenos consejos que nos dio a todos en los días previos al ciclón, no ha puesto tormenteras ni ha corrido a protegerse en un refugio.

Sigue, a la intemperie, aguantando las violentas sacudidas.

Prendió la mecha de la suspicacia primero que, en el aturdimiento post-María, se le hubiera encargado la extraordinariamente crítica tarea de reconstruir nuestra red eléctrica a una empresa de solo dos empleados, fundada hace apenas 24 meses y sin ninguna experiencia en nada que siquiera se acercara en magnitud a la inmensa tragedia que se abalanzó sobre Puerto Rico aquel fatídico 20 de septiembre.

Vinieron como explicación, después, un par de versiones que volaron por los aires más rápido que planchas de zinc en tiempos de huracán. Se cayeron las versiones de que Whitefish fue quien único aceptó venir a Puerto Rico sin exigir pago adelantado, pues la American Public Power Association (APPA), que agrupa a autoridades de energía en Estados Unidos y tiene incalculable experiencia en estos asuntos, también podía hacerlo, pero la AEE no preguntó.

Se cayó la versión de que el contrato había sido avalado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y por FEMA. Ambos lo negaron.

Vinieron, después, los escandalosos detalles del contrato, que, entre otras cosas, dispone que nadie puede auditar lo que la empresa cobre por sus trabajos, una cláusula que todo el mundo sabe que es inválida. El contrato también hace la representación, que resultó falsa, de que fue aprobado por FEMA.

El director ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos, dijo este fin de semana al diario estadounidense The Wall Street Journal que fue un error que esa cláusula hubiese sido incluida en el contrato.

Desembocó todo esto en múltiples investigaciones congresionales y en referidos a cuanta agencia investigativa hay en Estados Unidos. Desembocó esto también en que la Junta de Supervisión Fiscal designara a su coordinador de revitalización, Noel Zamot, a que se hiciera cargo de la AEE, echando a un lado a Ramos, a la Junta de Gobierno y a todo el gobierno de Puerto Rico.

La buena voluntad que había logrado Puerto Rico en la prensa estadounidense, por lo que se percibía como una reacción lenta y distante de Estados Unidos a la tragedia que vivimos a causa de María y que fue lo que logró que se moviera lo poco que se ha movido allá sobre este tema, fue sustituida por dudas e insinuaciones sobre la manera en que una empresa tan evidentemente falta de experiencia para la tarea monumental de reconstruir a Puerto Rico había logrado un contrato tan importante.

Esta controversia, además, ha afectado la credibilidad del gobierno de Puerto Rico en momentos en que el gobernador Rosselló y la comisionada residente, Jenniffer González, siguen reclamando más fondos para la reconstrucción de la isla.

En Washington, ya sabíamos los que vemos la vida como es y no como quisiéramos que fuera, no se morían de ganas por rescatar a Puerto Rico. El escándalo de Whitefish les da la excusa perfecta para seguir mirando a otro lado.

De alguna de las investigaciones sabremos en su momento si, como sospecha mucha gente, hubo algún intermediario misterioso que se echó algo al bolsillo poniendo en contacto a Whitefish con Puerto Rico o si fue simplemente una descomunal imprudencia de Ricardo Ramos. Sabremos también si Ricardo Ramos, como se ha querido hacer ver, tomó esta decisión por sí mismo o si fue autorizado por alguien en Fortaleza, como parece más lógico.

Mas no necesitamos ninguna investigación para saber, desde ya, que en el momento más crítico de nuestra historia reciente, nuestros gobernantes, para no perder la costumbre, vuelven a actuar contra todo sentido común, metiéndonos en líos, sospechas e investigaciones cuando menos lo necesitamos.

Ahora, a más de un mes de que María nos agarrara por el cuello y nos abofeteara como si nos tuviera una saña vieja, cuando debíamos estar al menos empezando a volver a la normalidad, seguimos, en cambio, con prácticamente todo el país a oscuras y metidos en un segundo huracán de incompetencia, imprudencia y quién sabe cuántas cosas más.

Y el gobernador, impasible, sereno, inmutable, sin hacer nada que demuestre que comprende la magnitud de este poderoso segundo huracán que se ensañó contra nosotros.