Para la mayoría de la gente, las jornadas electorales en Puerto Rico casi siempre terminan en noches de frustración, amargura e impotencia. De las 13 contiendas por la gobernación que ha habido desde el 1968, en solo tres - Rafael Hernández Colón en el 1972, Pedro Rosselló en el 1996 y Luis Fortuño en el 2008 -el triunfador obtuvo más del 50% de los votos. Eso significa que las restantes diez elecciones fueron ganadas por alguien a quien la mayoría del país no quería.

Lo que casi nunca hemos sentido son dudas sobre la legitimidad de los resultados. Hubo dos elecciones cuyos desenlaces son todavía objeto de debate en ciertos círculos. La de 1980, que la ganó Carlos Romero Barceló por 3,037 votos y las del 2004, en que Aníbal Acevedo Vilá fue declarado victorioso por 3,566. Pero son excepciones. Aparte de esas veces, los boricuas en ningún otro momento hemos tenido duda de la legitimidad del resultado de una elección aquí. La mayoría de las veces no nos ha gustado quién ganó, pero sabemos, aunque nos duela, que triunfó limpiamente.

Nuestro sistema electoral tiene milproblemas. La confiabilidad en sus resultados, por fortuna, no es de estos.

Como los puertorriqueños no hemos tenido nunca dudas del resultado de una elección, quizás no sabemos cuánto valor tiene eso, ni cuánto empeoraría nuestro ya complicado clima social si, encima de todos problemas con los que vivimos, nos cayeran encima incertidumbres sobre la pureza de las elecciones.

Un proyecto de ley que el Senado tiene intenciones de aprobar esta semana, y que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez adelantó que le dará paso, tiene el potencial de echar por la borda la invaluable confianza que tenemos en nuestras elecciones. Este proyecto, de aprobarse y ponerse en marcha según fue presentado, puede meternos en las rutas de inestabilidad social, violencia, fuego y sangre en que hemos visto a otros países cuando existen buenas razones para desconfiar del resultado de una elección.

Miren a nuestro alrededor lo que pasa cuando un país no confía en sus elecciones. Este proyecto trae a nuestras elecciones el peso infinito de la duda. Nosotros no sabemos lo que es eso. No lo necesitamos.

El proyecto que nos mete en tan difíciles mares es de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. No fue consultado con ninguna otra fuerza política. Tiene 391 páginas, fue presentado el 10 de junio de este año y discutido en una sola vista pública nueve días después. Desde entonces, está siendo enmendado en secreto en la presidencia del Senado. Según se ha adelantó, va a ser bajado a votación “por descargue”, es decir sin debate, en la sesión senatorial del martes. La Cámara lo espera después con los brazos abiertos.

El proyecto parece diseñado para garantizarle al Partido Nuevo Progresista (PNP) el control indefinido del aparato electoral.

Liberaliza los requisitos que garantizan la pureza de los votos adelantados y ausentes ylos que garantizan que la gente vote donde le corresponde. Como un solo ejemplo se puede decir que, en este momento, un observador neutral tiene que certificar que quien emite un voto ausente lo hace libremente y que es quien dice ser; el proyecto elimina esa garantía. Básicamente puede votar cualquiera, con muy poco control.

Dificulta las recusaciones, que son el mecanismo del que disponen los partidos para cuestionar votantes no autorizados. Además, pone a Puerto Rico en ruta al voto totalmente electrónico, sin papeletas. El voto sin papeletas se pondrá en marcha a manera de “plan piloto” para voto ausente y voto adelantado en las elecciones de dentro de un año. Es la pretensión del proyecto que las papeletas dejen de existir definitivamente para el 2028.

Con lo cerradas que han sido algunas elecciones, una avalancha de votos ausentes irregulares puede contaminar el resultado. Donde quiera que hay dudas sobre el resultado de una elección, se cuentan las papeletas una a una y se aclara cualquier problema. Aquí dejaríamos de tener esa garantía suprema de cuál de verdad fue la voluntad de los electores.

El voto sin papeleta es tan peligroso que el gobierno de Estados Unidos, que siente a rusos y sabe Dios quién más tratando de meterse en sus elecciones, está en proceso de prohibir sufragio sin papel donde quiera que se elija un funcionario federal, como es el caso aquí con la elección de nuestro comisionado/a residente.

Rivera Schatz dice que su propósito es integrar la tecnología al sistema electoral y hacerle a la gente más fácil inscribirse y votar. Esos son propósitos loables. Lo que pasa es que vienen acompañados de tremendos debilitamientos a las garantías de pureza electoral. Además, a los boricuas nunca nos han tenido que convencer de votar, pues hemos sido siempre uno de los países con más alta tasa de participación electoral.

Además, levanta las suspicacias del más inocente la prisa y el secretismo con la que se está tramitando esta medida, a unos días incluso de que empiece el término de postulaciones para las elecciones del 2020.

No tiene una buena respuesta la pregunta de por qué esto no se empezó a estudiar a principios del cuatrienio, con la participación de representantes del resto de la sociedad, como debe ser cuando se trata de una medida que es del interés y la preocupación de todos.

¿Cuál es el miedo a que todo el mundo entienda bien de lo que se trata este proyecto y dé su opinión? ¿Por qué no tratan de convencernos a todos de las bondades de su medida?

El sistema electoral de Puerto Rico, por supuesto, necesita cambios profundos. Pero son cambios para mejorarlo. Esto lo empeora.

Necesita, por ejemplo, que la CEE no esté en plena operación todo el cuatrienio. Necesita mejores controles de donativos y penas más fuertes al que falle. Necesita que atienda el tema del financiamiento de las campañas, de manera que haya un juego parejo entre los que pueden exprimir de dinero a grandes intereses y los que no.

Necesita controles contra el uso de funcionarios y recursos públicos para faenas partidistas. Necesita una segunda vuelta que nos asegure que nunca más nos gobierne alguien sin el apoyo de la mayoría del país.

Este proyecto no atiende nada de eso. La medida daña lo bueno del sistema, mientras ignora lo malo.

Rivera Schatz y Méndez están decididos a darle paso a esta medida, igual que al Código Civil, otra medida muy controversial con respecto a la cual amplios sectores de la sociedad están pidiendo más discusión.

La responsabilidad, entonces, va a recaer en Wanda Vázquez, la gobernadora no política, que hace meses fue advertida del peligro de esta medida por legisladores de los partidos Popular Democrático (PPD) e Independentista Puertorriqueño (PIP).

La confiabilidad de nuestro sistema electoral es quizás lo único que ha quedado en pie tras la debacle institucional que ha vivido Puerto Rico durante las últimas dos o tres décadas. No deberían quitarnos eso último bueno que nos queda.

Ojalá y la gobernadora Vázquez vea lo que está en juego aquí y actúe a la altura que la historia le requiere en este momento crítico.