Benjamín Torres Gotay

Las cosas por su nombre

Por Benjamín Torres Gotay
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La mano siniestra en el negocio de las pruebas

En el texto titulado ‘Entre el bien y el mal’, que forma parte de la colección de ensayos ‘La resistencia’, el gran escritor argentino Ernesto Sabato se planteó, a la manera de los grandes, unas cuestiones elementales con las que todos nos hemos confrontado.

Decía Sabato: “siempre es terrible ver a un hombre que se cree absoluta y seguramente solo, pues hay en él algo trágico, quizá hasta de sagrado y a la vez de horrendo y vergonzoso”. Esto ocurría, según Sabato, porque “llevamos una máscara, que nunca es la misma, sino que cambia para cada uno de los lugares que tenemos asignados en la vida: la del profesor, la del amante, la del intelectual, la del héroe, la del hermano cariñoso”.

Mas es cuando la persona se queda sola que queda al descubierto la naturaleza más profunda de lo que de verdad se es. “¿Qué máscara nos ponemos o qué máscara nos queda cuando estamos en soledad, cuando creemos que nadie, nadie, nos observa, nos controla, nos escucha, nos exige, nos suplica, nos intima, nos ataca?”, se preguntó Sabato, cuya obra más conocida es la novela ‘El túnel’.

Los puertorriqueños hemos tenido dos veces en los últimos meses la rara fortuna (o acaso el infortunio) de poder ver personas en o cerca del poder actuando cuando creen que nadie los ve. Parece que hace siglos, pero no hace ni un año todavía cuando vimos al entonces gobernador Ricardo Rosselló retratándose de alma entera en un chat del que nunca imaginó que iba a ser público.

Esta semana nos dieron otro golpe así. Dos personajes con roles principalísimos en la escabrosa trama por los intentos del gobierno de comprar pruebas para detectar COVID-19 a empresas sin ninguna experiencia en ese campo, pero con directivos muy bien vinculados al Partido Nuevo Progresista (PNP), exhibieron lo más granular de sus vértebras y sus intestinos cuando creían que nadie los veía.

Vimos, sin sorpresa, pero igual sin resignación, al tal Juan Maldonado decir “el virus fue productivo”, en alusión al patógeno que ayer había enfermado a 5.4 millones y matado a 343,000 en el mundo, incluyendo al menos a 127 en Puerto Rico. El coronavirus, además, ha destruido las economías de incontables países y dejado sin empleo, con ingresos minados y con hambre a millones.

Ni Ricardo Rosselló y sus “brothers”, ni Juan Maldonado y su socio Robert Rodríguez, dueño de la constructora Apex, estaban solos. Pero estaban entre pares, con gente de sus mismos valores. Estaban, puede decirse, mirándose al espejo.

En el caso de Maldonado y Rodríguez, de quien podían sentirse las babas cayéndosele cuando decía “demasiado de muchos millones para un solo puertorriqueño”, la celebración con aspavientos de una ganancia, y de una ganancia a todas luces turbia, en medio de esta hecatombe global fue un insulto a la dignidad y a la humanidad de todos nosotros.

Puerto Rico lleva más de dos meses paralizado. Durante las últimas tres semanas, se ha estado abriendo el país poco a poco. Mañana, casi todo abre. Lo hacemos por fe, porque no hay ningún dato objetivo que muestre que es más seguro estar en la calle ahora de lo que era cuando nos encerramos. La gente va a salir por desesperación. Se teme que muchos van a enfermar y morir. Se actúa bajo la fe o la esperanza de que no sean tantos que abrumen el sistema de salud.

Es en ese escenario de ruina, de dolor, de desolación y de terror que Maldonado y Rodríguez estaban celebrando los muchos millones que creían que se iban a echar al bolsillo vendiéndole al gobierno de Puerto Rico a $38 cada prueba de coronavirus que en el mercado internacional se consigue por menos de $3.

El país está herido con esto.

Ya se sabía de la transacción nacida como por arte de magia del mago de un sombrero. De los activistas del PNP estratégicamente colocados en todos los semáforos por los que esto tenía que pasar para abrirle paso.

De la empresa de construcción sin ninguna experiencia en productos médicos agraciada con el contrato de $38 millones en tiempo récord. Del abogado y quincallero inventándose un negocio y buscando después a nombre de quién lo hacía.

De todos los ciegos, sordos y mudos a los que esto les pasó por el lado sin hacer ni las preguntas más básicas. De la gobernadora Wanda Vázquez defendiendo el negocio como si fuera la más pulcra transacción realizada jamás en la historia. De las negociaciones con una empresa australiana de terrible reputación. De todos los especuladores, aquí y en el extranjero, que andaban afilándose las garras con nuestros raquíticos recursos.

Ahora sabemos más. Sabemos que puede haber habido fraude, falsa representación, falsificación de firmas y de documentos y perjurio. Ser atorrante y patán no es delito. Pero todo lo mencionado antes sí lo es.

Sabemos que autoridades estadounidenses y puertorriqueñas están investigando.

Sabemos que Roberto Rodríguez está cooperando, palabra esta – cooperando – muy significativa, pues no es lo mismo que colaborando, o que fue interrogado. “Cooperando” normalmente significa que alzó las manos. Su abogado, Juan Ramón Acevedo, veteranísimo de la corte federal, conoce muy bien estas sutilezas y puso por escrito bien claro que su cliente está, subráyenlo, cooperando.

Puerto Rico necesita que esta pesquisa llegue hasta las últimas consecuencias. No fue poco lo que pasó aquí: especuladores bien conectados con el partido de gobierno se aprovecharon de un momento de gran debilidad para intentar enriquecerse.

Hubo, incluso, quién lo logró.

La empresa 313 LLC, cuyos directivos también son cuadros del PNP y que igual dicen que han colaborado con “otras pesquisas”, se convirtió en vendedora de productos médicos el 18 de marzo y menos de una semana después había negociado $3.6 millones en pruebas de coronavirus con el gobierno. Le vendió al gobierno 101,500 pruebas en $36 y $45, pruebas que se consiguen del fabricante sin necesidad de intermediarios por menos de $3, según corroboraciones que hicieron este periódico y el representante Jesús Manuel Ortiz. Vendieron en $3.6 millones lo que costaba menos de $300,000.

Sabemos todo eso, pero no sabemos lo más importante.

Los acólitos del poder en las redes sociales y en medios de comunicación quieren hacernos la representación de que esto fue el resultado de unos empresarios muy afortunados, que se toparon con un gobierno desesperado y sin muchos controles, que le dieron paso a un negocio muy malo sin hacer preguntas. A los que sabemos que en el gobierno no se contrata ni al guardia de seguridad de la escuela Segunda Unidad Bernardo González en el barrio Salto Abajo de Utuado sin una pala política, no nos engaña ni de lejos esa absurda versión.

Contratos de $40 millones en el gobierno no se negocian, se aprueban y se pagan en horas si no hay una mano siniestra muy poderosa haciendo que, desde las alturas, se abran mágicamente las herrumbrosas puertas que, en circunstancias normales, tardan años en abrir, si es que abren.

Esa es la parte de esta historia de horror a la que no hemos llegado. Si llegáramos y cayera alguien de allá arriba, quizás se entendería al que dijera: “el virus sí fue productivo”.




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