Una quiebra es un proceso para ajustar de una manera equitativa y razonable las deudas de aquel que no tiene el dinero para pagarlas. La idea es reducirle las deudas para ayudarlo a seguir adelante.

El gobierno de Puerto Rico está en quiebra. Esto quiere decir que no tiene el dinero para pagarles a todos los que les debe. Por eso está en un proceso para que una jueza le reduzca las deudas, de forma que pueda salir adelante.

Puerto Rico les debe a muchas clases de acreedores. Les debe a aquellos que le prestaron dinero a través de los años, incluyendo a individuos puertorriqueños, firmas de inversión y bancos; les debe a empresas que le vendieron bienes y servicios pero no han cobrado todavía; y les debe también a los empleados públicos que ya se retiraron y a los que se retirarán en el futuro, entre otros.

En el proceso de quiebra, todas estas son deudas, o sea, promesas de pago en el futuro a cambio de algo recibido en el presente, ya sea dinero prestado, bienes o servicios vendidos, o años de trabajo en el servicio público.

Los beneficios de retiro de los pensionados y de los que se retirarán en el futuro normalmente se pagan de un fondo que a través de los años se ha nutrido de las aportaciones, tanto de los empleados como del gobierno como patrono. Hoy ese fondo está sin dinero. Parte de la razón por la que está sin dinero es que a través de los años, políticos de carrera, queriendo ganar simpatías políticas, legislaron alzas en los beneficios a los pensionados mucho más allá de las aportaciones que ingresaban al fondo y en algunas ocasiones hasta dejaron de hacer las aportaciones que como patrono tenían que hacer al fondo.

Resultado: como pasa cuando uno gasta más de lo que ingresa, con el tiempo, el fondo se fue acabando. Ya no hay dinero en el fondo para lo que hay que pagarles todos los meses a nuestros retirados y mucho menos para pagar los beneficios de los que se retirarán en el futuro. Si no hacemos algo para arreglar esto, en poco tiempo el gobierno no podrá pagar las pensiones de nuestros retirados y aquellos por retirarse. Punto.

De hecho, para pagarles sus pensiones todos los meses a los ya retirados, el gobierno actualmente tiene que sacar el dinero del Fondo General, o sea, del mismo pote de donde paga los salarios de policías y maestros, los servicios de salud de nuestra gente y las ayudas a las familias necesitadas, entre otros gastos. ¡Todas son prioridades importantes! Pero, lamentablemente, no hay dinero para pagarlas todas. Si no hacemos algo para arreglar el sistema de retiro, estos servicios esenciales como seguridad, educación, salud y bienestar social también están en peligro.

En estas circunstancias, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo se deben ajustar las diferentes deudas que tiene el gobierno de Puerto Rico de una manera justa y razonable para que todos puedan cobrar algo y Puerto Rico pueda salir adelante.

El primer principio que se debe aplicar en estas circunstancias es el de que todos los deudores deben aportar en algo al ajuste de la deuda. Todos estamos en esto juntos y, por lo tanto, todos debemos contribuir a la solución. Obviamente, cada grupo de acreedores -los bonistas que prestaron dinero, los suplidores que le vendieron bienes y servicios al gobierno, los empleados retirados del servicio público, entre otros- preferiría que le pagaran el 100 por ciento de lo que se le debe. Pero eso no es posible. Si fuera posible, no estaríamos en quiebra. Así mismo, es altamente improbable, por no decir imposible, que en un proceso de quiebra la jueza determine recortar en cierta cantidad la deuda que se le debe a un grupo -digamos, a los bonistas- pero no recortar nada la deuda de otros, por ejemplo, a los pensionados.

Por lo tanto, el segundo principio que se aplica en estos casos es que aunque todos los acreedores deben aportar algo, no todos deben aportar en la misma proporción. Esto es así porque no todos los acreedores están en la misma posición. No es lo mismo un fondo de inversión o un banco que un empleado público retirado. Así que la pregunta es ¿en cuánto se debe ajustar la deuda que se le debe a cada cual para que todos aporten según su capacidad para que Puerto Rico pueda salir adelante?

Esta es una decisión que, en última instancia, hará la jueza de quiebras. Pero en estos casos, es preferible llevarle a la jueza un plan de cómo debe ser ese ajuste de deudas en vez de dejarlo enteramente a su discreción. Por ejemplo, en el caso de la quiebra de Detroit, que en muchos aspectos se parece a la de Puerto Rico, la decisión final fue recortar las pensiones de los retirados del gobierno un promedio de 22 por ciento… y eso que el sistema de pensiones de Detroit no estaba tan quebrado como el nuestro.

En parte para evitar un resultado como ese, la Junta de Supervisión ha recomendado que el gobierno de Puerto Rico haga ajustes más moderados al monto promedio de los beneficios que paga a nuestros retirados, de alrededor del 10 por ciento, y que ese ajuste se haga parte del Plan Fiscal de Puerto Rico.

El recorte de 10 por ciento no sería igual para todos los pensionados. De hecho, a los pensionados más necesitados no se les recortaría nada; a los pensionados con más recursos se le recortaría más. En fin, el plan está diseñado para que 1) TODOS los actuales pensionados sigan recibiendo su pensión; 2) los futuros pensionados también tengan su pensión; 3) no se le haga recortes adicionales a su pensión como parte del ajuste de deudas en el proceso de la quiebra del gobierno de Puerto Rico; y 4) proteger los servicios esenciales de seguridad, salud y educación, entre otros, evitando que el pago de las pensiones de nuestros retirados drene el Fondo General del que se pagan los salarios de policías y maestros, servicios de salud y ayuda a familias más necesitadas.

Nuestros pensionados del servicio público dieronlo mejor de sí por todos nosotros. Se merecen que salvemos sus pensiones. Estos ajustes no serían necesarios si políticos y administradores irresponsables en el pasado no hubieran provocado la insolvencia de los sistemas de retiro. Ahora le toca a la Junta de Supervisión y a una nueva administración de Gobierno hacer lo correcto por el bien de todos, afectando lo menos posible a nuestros pensionados. Con estos ajustes, no solo evitaremos que se les recorte más sus pensiones en el proceso de quiebra, sino que podremos comenzar el proceso de arreglar la insolvencia de los sistemas de retiro de forma que les podamos asegurar sus beneficios de retiro a nuestros actuales y futuros pensionados.