El paso del huracán María nos trajo el reconocimiento de las telecomunicaciones como un servicio público esencial, mediante la Ley 5-2018. Esto, luego de experimentar su necesidad en las funciones gubernamentales y en la vida diaria de los ciudadanos.

Las compañías de telecomunicaciones realizaron esfuerzos individuales y colectivos para no sólo restablecer los servicios, luego de los huracanes Irma y María, sino para lograr una infraestructura más resiliente, redundante, y de avanzada de cara al futuro.

Por ello, celebro que el pasado 26 de septiembre la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aprobó de manera bipartita la segunda fase del Uniendo a Puerto Rico Fund and the Connect USVI, mediante el cual se otorgarán hasta $950 millones del Fondo de Servicio Universal federal a Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas para el desarrollo de banda ancha fija y móvil. De esa cantidad, Puerto Rico recibirá $504.7 millones para banda ancha fija y $254.4 millones para banda ancha móvil, un total de $759.1 millones.

Este proyecto liderado por el presidente de la FCC, Ajit Pai, y apoyado por servidores públicos del gobierno que representamos a Puerto Rico ante dicha agencia, ayudará a catapultar una nueva economía en la isla, con las ventajas que eso conlleva en términos de competencia, calidad del servicio y acceso digital para todos los consumidores de telecomunicaciones y banda ancha.

Un resumen sucinto de la extensa orden de la FCC revela que son elegibles para acceder a estos fondos todas las compañías de telecomunicaciones y de banda ancha que tengan una licencia como compañía de telecomunicaciones elegible del Negociado de Telecomunicaciones de la Junta Reglamentadora de Servicio Público y que cuenten con facilidades propias.

La compañía tiene que haber estado dando servicios (según reflejado en la Forma 477 de la FCC) desde junio de 2018, para cualificar para los fondos de banda ancha fija, y desde junio de 2017 para banda ancha móvil.

Habrá un proceso competitivo -dirigido y evaluado por la FCC solamente- en el que las empresas competirán para brindar servicio por municipio, en el caso de banda ancha fija, con el deber de servir a todo el municipio, de ser escogido; y a todo Puerto Rico, en el caso de banda ancha móvil.

Estos fondos para banda ancha fija se distribuirán en un plazo de 10 años y debe cumplir con tener un gigabit de capacidad.

Mientras, el dinero para banda ancha móvil se repartirá en un plazo de tres años y debe brindarse usando tecnología 4GLTE o 5g. Las compañías pueden escoger acogerse a un subsidio de 75% de su partida de mercado de los clientes que tenían pre-huracán María para reparar, completar o expandir su red con una velocidad 10/1, o 25% de su partida de mercado de los clientes que tenían pre-huracán María para desplegar tecnología 5G con velocidad de al menos 35/3.

Los criterios a evaluarse en el proceso competitivo son precio, desempeño de la red (velocidad y latencia), resiliencia y redundancia de la infraestructura propuesta, que incluye soterrar la infraestructura, tener redundancia de ruta y una red alterna. Además, tener un plan de desastre aprobado por la FCC y asumir la obligación compulsoria de reportar información después de un desastre en el sistema Disaster Information Recovery System (DIRS) de la FCC.

La Universal Service Administrative Company (USAC) administrará y fiscalizará el dinero otorgado bajo el Uniendo a Puerto Rico Fund, junto a la FCC, la cual tiene 90 días desde la publicación de la orden para divulgar y dar más detalles del proceso competitivo que se llevará a cabo.

Esta inversión millonaria en infraestructura de vanguardia potenciará ciudades y transportación inteligente, el internet de las cosas (the internet of things, IoT por sus siglas en inglés), la economía de las aplicaciones y la telemedicina, entre otros servicios. Más importante aún, potenciará a un pueblo creativo que demuestra su fortaleza ante la adversidad y su esperanza en un mejor futuro. ¡Bienvenida sea!

La autora es miembro asociada de la Junta Reglamentadora de Servicio Público. Además, es representante de Puerto Rico ante el Intergovernmental Advisory Committee y el Broadband Deployment Advisory Committee, Disaster Response and Recovery Working Group de la FCC.