A los 10 municipios que fuimos incluidos en el plan piloto de la Junta de Supervisión Fiscal nos ha tocado enfrentar un proceso que a todas luces es defectuoso desde su mismo origen.  Es que al momento en que el Gobierno de Puerto Rico preparó el Plan Fiscal se negó a definir con claridad cuáles eran los servicios esenciales que debían quedar protegidos una vez se hicieran los recortes en gastos para poder asumir el pago de la deuda.   Como consecuencia, se estableció dejar desprovistos a los municipios, entre otras cosas, del Fondo de Equiparación, el cual nutre el presupuesto de aquellos pueblos que por su limitada actividad económica disponen de recaudos insuficientes para ofrecer los servicios que le corresponden.