En medio de la confusión que impera en estos días, por la increíble secuencia de revelaciones y alegaciones en torno a contratos y contratistas en el gobierno de Puerto Rico, cabe preguntarse si todavía hay espacio para ejecutar un plan de ajuste y reconstrucción que permita enderezar el rumbo de nuestra maltrecha economía.

Puede parecer inoportuno hablar de la economía en estos momentos, cuando el país entero está enfocado en lo que parece ser una crisis de gobernanza. Pero no olvidemos que tenemos la dudosa distinción de arrastrar una de las depresiones económicas más largas en la historia económica del mundo reciente (casi a la par con Grecia), y que tras la quiebra del gobierno sufrimos el azote de un desastre natural devastador.

Deberíamos estar, como país, unidos y enfocados en recuperarnos y superarnos. Sin embargo, en lugar de eso, estamos perplejos ante la racha de noticias sobre la impugnación de instituciones públicas esenciales para el buen funcionamiento del gobierno.

Un distinguido sociólogo y economista, expresidente de Brasil, dijo en cierta ocasión que la perplejidad es un estado mental totalmente inútil, a diferencia del miedo, el coraje, u otros que pueden conducir a la acción, ya sea para bien o para mal.

Dejándole a los analistas políticos y sociales el tema de la crisis de gobernanza, que es, quizás, el tema más importante en estos momentos, podemos, de todos modos, reflexionar sobre qué se requiere para no perder el control de la crisis económica y financiera que ya, a estas alturas, debería estar en vías de solución, pero dista de estarlo.

Lo primero es reconocer que es poco probable que en los próximos dos años haya cambios fundamentales en la Ley Promesa. Eso significa que hay que contar con la presencia de una Junta de Supervisión Fiscal en el futuro previsible. No sabemos cómo será la junta que nombre el presidente Donald Trump cuando venza, en agosto, el término de los miembros actuales, pero hay que partir de la premisa de que este ente federal continuará en funciones más allá de agosto.

La junta que hemos tenido por los pasados casi tres años ha sido inefectiva y muy costosa; no pasa el cedazo de una evaluación de costo-beneficio. Para colmo, nos acabamos de enterar de que su presidente, rechazado mayoritariamente por los ciudadanos según la última encuesta de El Nuevo Día, no tiene el buen juicio de reconocer que su función en ese cuerpo no encaja con ser un activista de la campaña de reelección de Trump.

Por lo tanto, el primer requisito para que se pueda reencauzar el plan de ajuste fiscal y reconstrucción económica es tener una junta diferente, algo que está más allá de nuestro control, pero no totalmente. Sin embargo, se requiere también que el gobierno local pueda trabajar con esa nueva junta, para producir de manera coordinada un programa que nos permita dejar atrás la inestabilidad fiscal y concentrarnos en rehacer las bases de nuestra economía.

El tiempo no está de nuestra parte. Ya se sellaron acuerdos con grupos de bonistas, y están por definirse los pocos que faltan, que comprometen recursos fiscales futuros que no se materializarán si la economía no se levanta. Persiste la amenaza de un déficit inmanejable en la reforma de salud y la incertidumbre sobre la pensiones de los empleados públicos en una economía que ya se compara con la de Japón en cuanto a la población de edad avanzada, y, en nuestro caso, a diferencia de Japón, empobrecida.

Mucho depende de lo que pase en Estados Unidos —sin duda, nos conviene una victoria los demócratas en el 2020— pero tenemos que tomar el control de la situación económica local con o sin el Sr. Trump de presidente. La confusión y la perplejidad no deben paralizarnos.