El legislador Jesús Manuel Ortiz plantea la necesidad de exigir a manufactureros la justificación del alza en medicamentos en los que el gobierno, a través de su Plan de Salud, invierte una cantidad de dinero significativa

Todos los días, miles de personas en el mundo luchan para poder adquirir medicamentos para tratar sus condiciones y hasta preservar su vida sin tener los recursos para ello. Es una triste realidad, de la cual Puerto Rico no está exento. Y aquí, es cada vez es más visible por lo cruel de su embate, especialmente en medio de la crisis, recientemente agravada por el huracán María.

En los últimos años, el mercado farmacéutico en la Isla ha experimentado un alza en los precios de los medicamentos genéricos y bioequivalentes. Desde el 2008, la industria de medicamentos genéricos ha estado cambiando de forma acelerada y la estructura de costo de estos productos se ha estado modificando rápidamente, inclusive en los precios a nivel del manufacturero y distribuidor. Por ejemplo, durante este tiempo, el por ciento de aumento del costo de medicamentos ha fluctuado entre un 50% y 400% y, en algunos casos, ha alcanzado hasta un 600%.

Como una consecuencia de esa tendencia, el gobierno ha tenido que aumentar su presupuesto para este renglón, el cual ya asciende al 20% del dinero destinado al Plan de Salud del Gobierno. El problema es real y no parece detenerse. Evidentemente, aunque todos nos afectamos, el sector más impactado es el de nuestros adultos mayores.

Según los estimados del Censo Federal, en Puerto Rico la población de edad avanzada (60 años o más) sobrepasa las 780 mil personas, representando sobre el 20% de la población – la proporción más alta en todos los Estados Unidos. Si miramos la proyección para el 2020, las personas de 60 años o más representarán más de un 25% de la población total de la isla. Esto combinado con el hecho de que 4 de cada 10 envejecientes viven en la pobreza extrema, lo convierte en una realidad verdaderamente escandalosa y preocupante. Y hay más.

En el 2013, las personas mayores de 65 años gastaron en copagos para servicios de salud un promedio por persona de $2,032. De hecho, gastaron 18% más que lo que gastaron las propias aseguradoras en atenderlos. Uno de los renglones que más cuesta a nuestros viejos es la compra de medicamentos, no sólo por la cantidad de estos que necesitan para tratar sus padecimientos, sino porque los precios en Puerto Rico y Estados Unidos son astronómicamente altos en comparación con otros países.

Con esto en mente en enero pasado radiqué el Proyecto de la Cámara 711 que busca dar mayores herramientas al DACO y al Departamento de Justicia para que puedan atender el alza del precio en los medicamentos y velar por las prácticas monopolísticas. Esta medida, modelada por una de vanguardia aprobada en el estado de Vermont, le impone a los manufactureros de medicamentos y a las droguerías, la obligación de justificarlos aumentos en costo de medicamentos en los que el Gobierno de Puerto Rico, a través de su Plan de Salud, invierte una cantidad de dinero significativa y para los cuáles el costo de compra a mayoristas ha aumentado en un 50% o más en los últimos cinco años o un 15% o más en los últimos doce meses.

Unos meses después, la mayoría parlamentaria radicó el Proyecto del Senado 371, que busca objetivos similares a la medida que ya habíamos radicado. Sin duda, el autor es lo menos importante, lo que tenemos que hacer es tomar conocimiento del problema, y sensibilizarnos con los miles de puertorriqueños que lo sufren a diario. Este proyecto ya fue aprobado en el Senado y el pasado lunes quedó sobre la mesa en la Cámara de Representantes.

Es importante que contactes a tus otros representantes para asegurarte que intereses oscuros no descarrilen esta buena iniciativa. No podemos esperar más para encaminar medidas que aún dentro de la crisis nos permitan ayudar a nuestros envejecientes y a los más necesitados.

De aprobarse, la medida será una herramienta que permitirá que la información recopilada pueda ser utilizada en las negociaciones de precios para ayudar a controlar los costos de los medicamentos y crea un mecanismo de rendición de cuentas al país por los aumentos de precios.