Es de rigor felicitar al gobernador Ricardo Rosselló por haber vetado los dos proyectos originados en la Cámara de Representantes que tenían el efecto de acercar peligrosa e injustificadamente, la normativa penal aplicable a los menores de edad con la de los adultos. Y esto,  es  contrario a la corriente internacional y federal existente, que cada día más pretende  establecer la necesidad de diferenciarlos sustancialmente. Todas las personas que habían reclamado el veto del gobernador confiaban que su formación como científico, así como sus  circunstancias personales como padre, lo propiciaría.

Llamó mucho la atención, los  diversos sectores que abogaban por el veto del gobernador. Ahí estaban varias asociaciones profesiones como el Colegio de Abogados y Abogadas, miembros de la sociedad civil,  expertos en la conducta humana, trabajadores sociales, profesores de derecho y la decana y los decanos de las tres facultades de Derecho del país. Ciertamente la preocupación con la legislación aprobada y remitida al gobernador para su firma,  era tan preocupante que  propendió esta unión entre tantos sectores que  aportaban a la discusión de este tema  distintas perspectivas.

Extendido el veto, la pregunta de rigor es:  ¿y ahora qué?  El propio gobernador ha expresado mediante un comunicado que procede escuchar las objeciones de todos los sectores -que por cierto fueron muchas- y  entonces trabajar en una ley que atienda los problemas de los menores de una manera justa y responsable.  Ciertamente  los proyectos  mencionados adolecieron de vistas públicas y la exposición de motivos de la misma, inexplicablemente no superaba las dos páginas. ¿Es esa la discusión y el rigor que amerita una legislación que va a impactar a un sector tan importante de la población como son los niños y los adolescentes así como  sus opciones de vida?

Confiamos que a tono con las instrucciones del gobernador, se estudie profundamente este tema y se inviten a todas que las personas que quieran aportar ideas a que si lo puedan hacer,  de manera que pueda  crearse una  ley de menores a tono con las exigencias  del siglo 21.  Inclusive, la legislación propuesta por el senador Vargas Vidot  -que aunque también fue vetada- podría  ser el punto de partida de esa discusión y análisis.

Finalmente en lo que todo esto acontece,  -ya que puede tardar- nada impide que el gobernador mediante orden ejecutiva instruya  a los procuradores de menores a fomentar la utilización de métodos alternos para la solución de disputas, en lugar que tener siempre que acudir al tribunal, particularmente en casos que acontecen en la escuelas donde no hay lesionados y están envueltos menores de menos de trece años.  Ello  le generaría al señor gobernador, otra felicitación.