El anuncio de la contratación de un conglomerado privado para encomendarle la administración y operación del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) nos obliga a confrontarnos con la necesidad de articular cuál ha de ser la política pública en Puerto Rico. Esto incluye la identificación de aquellos servicios u ofrecimientos que el estado debe retener para sí y aquellos sobre los que conviene transferir, en mayor o menor grado, al sector privado.

Durante las primeras tres décadas del siglo XX, la operación del sistema de energía eléctrica en la isla estuvo en manos de empresas privadas. El estado consideró que para poder extender los beneficios de la energía eléctrica y atender la demanda del sector privado resultaba conveniente hacerse cargo de la operación del sistema.  A tal efecto, el gobierno entró en negociaciones totalmente secretas con estas tres empresas privadas.  Así, sin la participación de ningún otro componente de la sociedad, el gobierno llegó a un acuerdo contractual muy jugoso y conveniente para estas empresas, con el fin de comprarles sus activos y derechos.  La transacción fue amplia y duramente criticada.

A pesar de las críticas, el experimento resultó exitoso.  La recién organizada Autoridad de Fuentes Fluviales, logró concentrar en su gerencia a un agregado talentoso y ambicioso de jóvenes puertorriqueños que, con la asistencia de un grupo de primer orden de asesores externos, logró hacer posible el sueño de suplir energía eléctrica a los sectores más remotos de la isla y satisfacer la demanda de una economía que se tornaba industrializada a pasos agigantados.

Con el transcurso del tiempo, el experimento se transformó en el prototipo del fracaso de la gestión gubernamental. El intervencionismo político, el relajamiento de los criterios de excelencia, tanto por la gerencia como por los sindicatos poderosos que para efectos prácticos asumieron el control de la agencia, pero, sobre todo, la corrupción galopante, tanto dentro como desde afuera de la autoridad, la llevaron a un estado de postración. El monopolio de la AEE se tornó incapaz de cumplir sus obligaciones ante sus acreedores y brindar servicios de electricidad confiables y resilientes al pueblo.  

Ante este cuadro fáctico, se hizo inevitable contemplar la posibilidad de incorporar, nuevamente, al sector privado en la administración de tan importante servicio de infraestructura social. Eso y no otras teorías conspiratorias de intereses ajenos al mejor bienestar del pueblo, explica la decisión de trasladar al sector privado la operación de los sistemas de transmisión y distribución eléctrica.  Lo que le ha pasado a la AEE, la AEE se lo buscó.

Podemos debatir sobre si la operación de la Autoridad debe estar en manos totalmente del estado, del sector privado o algún tipo de combinación intermedia. Lo que no es admisible es que la adopción de cualquiera de estas alternativas requiera la participación de todos los sectores de la sociedad en todas las instancias bajo un reclamo fatuo de transparencia. 

En nuestro sistema de democracia representativa, el pueblo confía en las personas que selecciona para administrar el gobierno y sus agencias en una elección general. Eso incluye la posibilidad de delegar parte de esa administración al sector privado o, por el contrario, optar por retenerlo completamente en la esfera pública. Trasparencia en la operación del gobierno no significa que los bonistas, los sindicatos, el sector financiero, la iglesia o la oposición política tenga un derecho de estar presente en los cuartos de negociación y de reservarse, cada uno, la potestad de vetar la transacción. Trasparencia no es cogobierno. Lo fundamental para que exista trasparencia, es que luego de concertada la negociación, se revele la totalidad de lo negociado y sus consecuencias.

Una vez esto ocurre cada sector puede hacer valer, mediante su derecho de expresión, su posición sobre el particular. El pueblo, no los grupos de interés, tomarán, entonces, la determinación final y en las elecciones generales y decidirán si aquellos o aquellas que tomaron tales decisiones se van o se quedan con el mandato de una reelección.

Si el acuerdo negociado en la AEE es bueno o malo, el tiempo lo dirá, como también lo dijo hace 80 años, cuando se socializó el ofrecimiento de la energía eléctrica en Puerto Rico.  De nuevo, si la decisión no resultara satisfactoria para el pueblo, en noviembre de cada año bisiesto habrá la oportunidad de ajusticiarle y hacerles responder.  De eso se trata la democracia y la trasparencia.