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El anuncio de la contratación de un conglomerado privado para encomendarle la administración y operación del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) nos obliga a confrontarnos con la necesidad de articular cuál ha de ser la política pública en Puerto Rico. Esto incluye la identificación de aquellos servicios u ofrecimientos que el estado debe retener para sí y aquellos sobre los que conviene transferir, en mayor o menor grado, al sector privado.
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