El camino a la Cumbre de las Américas de 2022 es campo minado. La gobernanza democrática a lo largo y ancho del continente ya se encontraba bajo presión incluso antes de que la golpeara la pandemia el año pasado. El impacto del Covid-19 ha acentuado tendencias preocupantes que incluyen la polarización social; la subordinación de los poderes Judicial y Legislativo al Ejecutivo; el movimiento de millones de desplazados internos, migrantes y refugiados; la actuación de actores no estatales minando la seguridad pública y el monopolio del Estado sobre el uso legítimo de la violencia; los efectos devastadores del cambio climático sobre una de las regiones biológicamente más mega-diversas del planeta; la ruptura de la correa de transmisión entre ciudadanos y partidos políticos, minando con ello su legitimidad e interlocución con la sociedad; la demagogia; la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones; el impacto de la desinformación y polarización montada en las redes sociales; y el ensimismamiento de la región cara al mundo y al sistema internacional. La pandemia puso además de relieve que la falla tectónica esencial en el sistema internacional de este periodo intenso de volatilidad y dislocación económica y social detonado por el coronavirus no es la que existe entre gobiernos de izquierda, centro o derecha, o entre regímenes autoritarios y democráticos; es entre gobiernos eficientes, por un lado, e ineficientes por el otro. Y la capacidad del Estado y su banda-ancha de gestión a lo largo y ancho de las Américas, incluyendo a un Estados Unidos gobernado en su momento por Donald Trump, quedó ciertamente en entredicho.