Ninguna persona debería vivir injustificadamente condenada a la dependencia, o tener su libertad de comunicación intervenida permanentemente. Sin embargo, ésta es la realidad diaria de miles de personas sordas, que no hallan con quién comunicarse más allá de un muy reducido núcleo de seres cercanos, y para quienes conseguir un empleo resulta un calvario. Esta es una comunidad que ha sido históricamente marginada e invisibilizada. Nuestras instituciones no fueron diseñadas con ellas en mente. De esto son reflejo nuestras estructuras educativas, judiciales y comerciales. Ni siquiera hemos garantizado plenamente su derecho a solicitar públicamente la reparación de estos agravios. Es que no puede haber libertad de expresión genuina cuando las barreras lingüísticas son insuperables e inhumanas.