

No se puede alegar que se ha puesto en marcha una estrategia de desarrollo auto-sostenido cuando sus bases se han fundamentado en la importación de capital foráneo. No es ni ha sido esa la experiencia de Puerto Rico desde inicios de la industrialización manufacturera del país, entre otras razones porque durante más de siete décadas se le han negado al capital puertorriqueño (sea corporativo, cooperativo, comunitario o familiar) los incentivos que ha recibido y recibe el capital externo. La generosidad con la que se han otorgado tales incentivos –casi siempre de tipo contributivo—ha sido la particularidad de “la estrategia” desde la redacción de la primera Ley de Incentivos Industriales en 1947 hasta el presente.
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