No se puede alegar que se ha puesto en marcha una estrategia de desarrollo auto-sostenido cuando sus bases se han fundamentado en la importación de capital foráneo. No es ni ha sido esa la experiencia de Puerto Rico desde inicios de la industrialización manufacturera del país, entre otras razones porque durante más de siete décadas se le han negado al capital puertorriqueño (sea corporativo, cooperativo, comunitario o familiar) los incentivos que ha recibido y recibe el capital externo. La generosidad con la que se han otorgado tales incentivos –casi siempre de tipo contributivo—ha sido la particularidad de “la estrategia” desde la redacción de la primera Ley de Incentivos Industriales en 1947 hasta el presente.

El modelo de desarrollo dependiente ensayado en Puerto Rico, estudiado rigurosamente por destacados profesores de economía –varios de ellos nuestros maestros—se exhibió ante el mundo como paradigma a emular por naciones hermanas en el Caribe y América Latina. Sin embargo, como bien han concluido la mayoría de esos estudiosos, no logramos superar la dependencia y, peor aún, al día de hoy la meta del desarrollo auto-sostenido –antítesis del desarrollo dependiente—ni siquiera se menciona como objetivo en los planes de los dos partidos políticos que se han turnado en el poder durante los pasados ochenta años.

Mientras tanto, como mencioné en mi columna anterior, a pesar de que los administradores coloniales han articulado el discurso de un presunto desarrollo “sustentable o sostenible”, el enfoque desarrollista –de corto plazo y con muy poco o ningún énfasis en lo socioeconómico y ambiental—se impone de forma arrolladora y se presenta como la salvación para el futuro económico del país. Lo cierto es que esta visión dista mucho de lo que Puerto Rico necesita con urgencia.

Cada vez que se sacrifica un terreno con potencial para la producción agrícola o que debió conservarse por su alto valor ecológico, se retrasa la posibilidad del desarrollo sustentable o sostenible. Claro, la justificación es siempre que “esa finca es ideal para la construcción de una urbanización”, o de un centro comercial, o de proyectos similares. Lo mismo ocurre cuando se levanta una edificación que invade la zona marítimo-terrestre, que destruye humedales y privatiza sectores playeros a lo largo y ancho de nuestras costas. Y todo porque esa es la manera en que en Puerto Rico –contrario a países como Costa Rica—los administradores de turno definen el “turismo ecológico”. Creo que basta con estos ejemplos para ilustrar cuán equivocados han estado y están los que dirigen la mal llamada planificación en nuestro país.

¿Y qué hay con relación a nuestros recursos energéticos, en un país que sigue dependiendo de combustibles fósiles en aproximadamente 95%–petróleo, carbón y gas natural, todos importados—para generar la electricidad que consumimos? Pues la respuesta de quienes administran la Autoridad de Energía Eléctrica y de los que diseñan la política pública energética ha sido que, por el momento, tenemos que seguir atados a esos combustibles, especialmente al gas natural, en lo que “logramos que las fuentes renovables sean totalmente viables”. Esta conclusión, que niega los avances logrados en buena parte de los países del globo, es reflejo de la visión errónea que impera, con el lamentable apoyo de algunos economistas que se han enfocado en los aspectos financieros del tema, y no en los socioeconómicos, científicos y ambientales.

En síntesis, creo haber resumido, aunque muy apretadamente y citando solo algunos ejemplos “emblemáticos”, por qué en Puerto Rico no hemos vivido la experiencia de una estrategia de desarrollo auto-sostenido, ni tampoco se ha puesto en marcha un plan de desarrollo sustentable o sostenible. La conclusión es obvia: ya es hora de comenzar a gestionar nuestro presente de manera distinta, porque el tiempo pasa y puede que se nos esté comenzando a hacer tarde.