Las Alianzas Público-Privadas (APP) tienen dos beneficios para el pueblo si se estructuran bien. Por un lado, se obtiene una operación más eficiente. Por otro, se transfieren riesgos al sector privado.

La APP del Aeropuerto Luis Muñoz Marín es un ejemplo. Podríamos argumentar que la operación del aeropuerto ahora es más eficiente, concentrada en menos terminales y con mejores opciones de concesionarios.

Pero lo que demostró con creces la pandemia es el beneficio de la transferencia de riesgo. Un evento de pandemia probablemente no se incluyó en las proyecciones de flujo de efectivo cuando Aerostar valoró al aeropuerto como parte del proceso de concesión. El golpe de la pandemia redujo enormemente los ingresos de Aerostar según se suspendieron vuelos, impactando tanto los pagos de las aerolíneas como los pagos de los concesionarios a Aerostar.

Para el pueblo de Puerto Rico, la situación de Aerostar es lamentable. Sin embargo, ya Puerto Rico cobró $600 millones por la concesión y dicho dinero no es reclamable por parte de Aerostar.

Anteriormente el aeropuerto recibió el golpe del huracán María. Si Aerostar realizó bien sus proyecciones de flujo de caja, estimó que de vez en cuando, un huracán golpearía a la Isla. Sin embargo, es probable que no incorporaron en sus cálculos un azote de la magnitud del huracán María.

Algo similar está sucediendo con la concesión de la autopista PR-22 entre San Juan y Hatillo. El volumen de tráfico de los meses de abril y mayo se desplomó. Nuevamente, el operador no puede ir a pedirle al gobierno la devolución del dinero que entregó al aceptar la concesión.

El contraste con los muelles de turismo es brutal. El gobierno de Puerto Rico estaba a punto de cerrar un acuerdo relacionado con los muelles de turismo que reciben cruceros en el Viejo San Juan. Entonces llegó la pandemia y los muelles están vacíos. 

Las proyecciones financieras de la Autoridad de los Puertos se derrumbaron, ya que el movimiento de cruceros desapareció. Las pérdidas como resultado de la pandemia son enormes. Algo similar ocurrió con los muelles de turismo como secuela del huracán María. La diferencia en el caso del COVID-19 es que no es un problema de Puerto Rico que se soluciona en cuanto la isla se recupere, sino que es un tema global. Los cruceros no volverán a ser un negocio significativo hasta que se encuentre una vacuna y/o tratamiento para el COVID-19.

Por lo tanto, no es solo que la Autoridad de los Puertos esté teniendo pérdidas estos meses, es que el valor de los muelles se redujo. El potencial concesionario no estará dispuesto a ofrecer la misma cantidad para operar los muelles que estaba dispuesto a poner sobre la mesa antes de la pandemia.

Hacia futuro, cuando se analicen opciones de APP, es importante darle un justo valor al beneficio de la transferencia de riesgo del sector gubernamental al sector privado.