El fenecido filósofo polaco Zygmunt Bauman planteaba que una sociedad insegura desarrolla la mentalidad de una fortaleza sitiada. Habría que concluir que esto es algo de lo que está pasando en Puerto Rico cuando vemos que una niña, fenotípicamente negra, estudiante de educación especial, es representada e intervenida por las autoridades como si se tratara de un peligro para la sociedad.

Hay muchos eventos que deberían volcar a una sociedad contra sus instituciones, pero si hay uno al que habría que conferir la mayor centralidad es al trato que esta le da a sus niñas y niños.

Brutalidad escolar, brutalidad judicial. Es esto lo que, a mi modo de ver, está en juego en el caso del procesamiento legal de Alma Yarida Cruz, la estudiante de educación especial de once años que enfrenta cinco cargos de faltas menos graves por un altercado el año pasado con otras dos niñas en una escuela elemental en Carolina.

Cada institución tiene que tener la capacidad de lidiar con los conflictos que le son propios. Las peleas en las escuelas se han convertido en un fenómeno recurrente y hasta cotidiano. Si a cada evento de pelea en una escuela se respondiera con un referido judicial y el mismo se atendiera diligentemente, con toda probabilidad el sistema de cortes colapsaría en menos de un año.  El principal responsable de la situación por la que atraviesa Alma Yarida Cruz es la pereza escolar. Esto es, la tendencia de las autoridades escolares a evadir su responsabilidad, no solo en la dilucidación de los conflictos escolares, sino en la urgencia de reflexionar los mismos.

La pelea como forma de dilucidación de los conflictos es propio de sociedades que se rigen por los códigos del honor y la venganza. A mayor modernidad, las sociedades tienden a desarrollar otros modos de dilucidación sus conflictos. Habría que reflexionar el porqué de este retorno de la dimensión gloriosa de la pelea en Puerto Rico y sobretodo del lado de los niños en general. Pero el saldo de esta reflexión no puede ser decretar la eliminación del deslinde histórico mundo adulto-mundo de la infancia, mucho menos poner el peso mayor de esta problemática del lado de los sectores más vulnerables. Es inevitable pensar que se trata también de una intervención racista contra un sector poblacional históricamente asediado, bien por el discrimen, bien por la indiferencia.

¿Qué es lo que se juega del lado de un sistema judicial (en apariencia plagado de cantidad personas “bienpensantes”) cuando se permite seguir dándole curso a un caso que claramente viola leyes y disposiciones locales y federales?

Pereza judicial también si lo que impera es el  entendido de que este caso obedece al ciego operar del sistema de cortes. ¿El saldo? Un sistema legal que no se escucha a sí mismo y una sociedad que, embriagada por la cultura del castigo, arremetecontra la inocencia de los más pequeños.