En la historia económica de Puerto Rico nunca se habían estimado los millones de dólares en beneficios contributivos otorgados a residentes e inversionistas continentales en la Isla. 

Según el Informe de Gasto Tributario (IGT) sometido esta semana por el Departamento de Hacienda a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), como parte del Plan de Ajuste de Deuda del gobierno a ser radicado próximamente bajo Promesa, los “daditivos” tributarios cuestan al erario $20,000 millones anuales. 

El informe concluye que las más de 300 leyes de exenciones representaron una pérdida en recaudaciones de dos veces y medio los ingresos internos en 2017. 

Para redactar el Informe, Hacienda contó con el asesoramiento del Tesoro de los Estados Unidos cuyo secretario, Steven Mnuchin, recibió recientemente a la gobernadora Wanda Vázquez en su oficina, para notificarle que eliminaría el crédito a las industrias extranjeras, que representa el 22% de los recaudos anuales y $1,900 millones en ingresos al fisco insular. 

La pregunta es, ¿existe conexión entre la insistencia de Mnuchin en eliminar el crédito para las industrias en Puerto Rico y el “asesoramiento” de su agencia en la preparación del Informe, que será sin duda usado por su agencia para justificar la eliminación del crédito y por los bonistas de Puerto Rico para justificar un recorte (“haircut”) menor en el repago de sus bonos?

Además, aunque pocos favorecen las labores de la JSF, el secretario de Hacienda Francisco Parés Alicea reconoció que dicho Informe no se habría preparado a no ser por “las exigencias” de la Junta. 

A la vez, el Informe no contiene opinión sobre los costos y beneficios de las trescientas exenciones y tasas preferenciales que los políticos han concedido con “liberalidad”, especialmente en años eleccionarios.

La JSF también ha criticado la negligencia del gobierno local al aprobar leyes sin hacer estimados de costos y sin identificar fuentes de ingreso para “neutralizar” dichas erogaciones.

La directora ejecutiva de la JSF también advirtió al gobierno desde noviembre de 2018 sobre la tardanza en reformar el sistema contributivo y la falta de un código de incentivos uniforme. 

Hemos opinado antes que la rehabilitación fiscal de la isla no depende solo de la aprobación de un Plan de Ajuste de Deuda bajo el título III de Promesa (“Promesa no resolverá la crisis”; y “El banquete de tiburones”, ENDI, 11/01/2019 y 11/12/18).

Hay que considerar, además, la economía “informal” gigante que predomina en la isla, estimada por Estudios Técnicos en 27% del PIB (para el año fiscal 2012) o sea, más de $17,000 millones en ingreso excluido, sin contar que la evasión contributiva puede representar una pérdida en recaudos internos igual a la cantidad cobrada por Hacienda anualmente ($9,000 millones).

No importa la magnitud del recorte (“haircut”) de principal e interés acordado consensualmente o impuesto judicialmente por un “cram-down” a bonistas disidentes en un Plan de Ajuste de Deudas, el presupuesto tiene que cuadrarse.  

El Informe de Gasto Tributario confirma que las finanzas de Puerto Rico son insostenibles bajo el sistema contributivo actual tan desarticulado, sin aumentar las contribuciones o recortar los servicios esenciales de forma draconiana. 

Y ningún Plan de Ajuste de Deuda bajo Promesa es viable, sin el diseño de una nueva plataforma contributiva, asunto que este Informe de Gasto Tributario puntualiza de forma dramática. 

Sin embargo, no tenemos tiempo para implantar un sistema contributivo nuevo y reformar la lista extensa de exenciones y créditos antes de someter el Plan de Ajuste de Deudas del gobierno central. 

Por lo cual tenemos solo una “calle sin salida”: legislar e implantar una contribución mínima fija (“flat tax”) de forma transitoria, que supla las necesidades de ingresos al fisco en lo que desenredamos esta maraña grotesca de exenciones que hemos heredado.