Luego de haber leído la decisión del Tribunal Supremo federal en el caso de U.S. v. Vaello Madero, concluyo que regresamos al 1901 a tenor con lo resuelto en el caso insular de Downes v. Bidwell. En ese caso, el entonces juez White expresó que, en lo pertinente a los habitantes de Puerto Rico, estos estaban unfit para recibir todas las garantías constitucionales. Ahora el juez Kavanaugh determinó que a Vaello no se le violó su reclamo de igual protección de la ley, porque el Congreso puede decidir qué contribuciones y beneficios federales aplican en Puerto Rico al amparo de su poder plenario sobre el territorio. Curiosamente el juez Kavanaugh nunca nos menciona como ciudadanos estadounidenses, sino como residentes de Puerto Rico o del territorio.

Los fundamentos jurídicos de Kavanaugh son escasos y más bien se dedicó a alertarnos de que, generalmente, no pagamos impuestos federales, lo que es incorrecto, y que si el Tribunal Supremo avalara dar trato igual a los residentes de los territorios en las ayudas federales que reciben los residentes de los estados, podrían estos exigir que se nos impusiera el pago de contribuciones federales. Agravando la situación, se dedicó a ofrecer asesoría financiera porque, según él, si eso sucediera nos ocasionaría significant new financial burdens on residents of Puerto Rico, with serious implications for the Puerto Rican people and the Puerto Rican economy. ¿Desde cuándo le compete a un juez velar por nuestra economía? Este juez se colocó el sombrero de tesorero al cual only money matters. Se olvidó el juez Kavanaugh de que a nosotros nos invadieron, no participamos en el Tratado de París, pues solo fuimos botín de guerra, nos impusieron la ciudadanía en el 1917 para que nos reclutaran en guerras ajenas, que de paso un antepasado mío, Balbás Capó, se negó a participar y terminó encarcelado. Qué casualidad, el tiempo le dio la razón a Balbás Capó porque todavía los conservadores del establishment no nos quieren como iguales, pues como dice el juez Kavanaugh solo somos residentes del territorio.

Por otra parte, la opinión del juez Thomas me causa lástima jurídica, pues después que hizo un recuento del discrimen contra los afroamericanos en decisiones de su Tribunal Supremo, opinó que la cláusula de la igual protección de la ley no le aplica a Vaello, sino la cláusula de la ciudadanía, ya que todos los ciudadanos estadounidenses tenemos iguales derechos. Sin embargo, aunque Vaello es ciudadano estadounidense, concurrió con la mayoría de los jueces en que no hay derecho a recibir las ayudas del programa del SSI porque residimos en Puerto Rico. En mi opinión este estableció una nueva clasificación racial para puertorriqueños que residen acá.

El juez Gorsuch mostró rechazo a los racistas Casos Insulares. Sin embargo, concurrió con el resultado. Además, se quejó de que las partes no solicitaron que se revocaran esos casos. Yo no sabía que hay que rogar que se revoquen cuando según él: …It is past time to acknowledge the gravity of this error and admit what we know to be true: The Insular Cases have no foundation in the Constitution and rest instead on racial stereotypes. They deserve no place in our law.

Concurro con el juez Gorsuch en que la Constitución federal no establece clasificaciones de territorios incorporados o no incorporados, sino solo territorios. Tomen nota aquellos que aseguran que Puerto Rico es un territorio no incorporado.

Me enteré en la opinión del juez Gorsuch de otro territorio estadounidense llamado “Palmyra Atoll”. Ese territorio no es parte del estado de Hawái a pesar de que pertenecía al “Reino” de Hawái. Es un atolón con poca tierra firme. ¿Acaso el juez Gorsuch insinuó que Puerto Rico es un atolón como Palmyra? ¿Por eso no se nos hizo estado? ¿O porque Cuba nunca fue estado? Solo el juez Gorsuch conoce por qué mencionó el atolón de Palmira.

Del caso de Vaello concluyo que seguiremos siendo el mendigo frente a la puerta del templo. Con la diferencia de que ese mendigo solo pidió dinero a dos apóstoles y en vez le dieron la salvación, para luego festejar en el templo. Sin embargo, el Tribunal Supremo denegó igualdad a los puertorriqueños, continuarán los políticos mendigando en los pasillos del Congreso y pasarán 121 años más esperando que el Tribunal Supremo federal revoque los Casos Insulares. Mientras tanto, los que tenemos dignidad moriremos esperando a que nos traten igual. Nuestra dignidad como puertorriqueños no cederá ante nadie, a pesar de que pretendan que somos un atolón en el Caribe o solo residentes de un territorio. ¡Basta ya de humillaciones jurídicas!

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