Esther Vicente

Punto de vista

Por Esther Vicente
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Código Civil: menos solidaridad familiar

En el Código Civil que tiene en sus manos la gobernadora se limitan o eliminan obligaciones de ley que están dirigidas a fomentar la solidaridad entre los integrantes de las familias. De aprobarse, se dejaría en situación aún más precaria a la niñez, a las personas adultas mayores y a las personas que les cuidan.

Entre las medidas que actualmente fomentan el compromiso de apoyo y protección entre los integrantes de las familias destacan la obligación de alimentar, el derecho a hogar seguro y algunas disposiciones sobre las obligaciones de la sociedad de gananciales, entre otras. La obligación de alimentar a la prole cubre a menores de edad y a las hijas e hijos mayores de edad quienes cursen estudios avanzados, mientras demuestren aptitud y actitud para completar el grado académico satisfactoriamente. La obligación de alimentar a los familiares incluye el proveer alimentos al excónyuge, cuando se encuentre en situación de necesidad, y exige que los hijos e hijas provean pensión alimentaria a sus progenitores de edad avanzada necesitados.

La nueva versión del Código limita el derecho a recibir la pensión alimentaria de varias maneras. Conforme al derecho vigente la pensión debe pagarse antes de que inicie el mes al que corresponda; la propuesta provee para que se pague dentro de los 10 días del mes a que corresponda. Actualmente no existe un límite de edad para la pensión de los hijos e hijas mayores de edad que están estudiando; la propuesta la limita hasta los 25 años. Sabido es que algunas carreras universitarias requieren compromisos pasada dicha edad.

Peor aún, lo propuesto establecerá que la obligación de alimentar se extinguirá cuando el patrimonio del alimentante se reduzca hasta el extremo de no poder satisfacerla sin desatender sus propias necesidades y las de su familia inmediata; salvo cuando el alimentista sea menor de edad, en cuyo caso aplicarán las normas de la legislación especial complementaria. Es decir, que la pensión para hijos mayores de edad que estén estudiando, la de los adultos mayores y la del excónyuge estarían supeditadas a las necesidades de la nueva familia que haya establecido el obligado a proveerla.

Además, se propone que la pensión excónyuge pueda establecerse por un plazo determinado. Al presente dicha pensión, una vez establecida, solo será revocada mediante orden judicial, si llegara a hacerse innecesaria, asunto que no puede determinarse estableciendo un plazo específico. Si llegado el plazo el excónyuge necesita la pensión, ¿tendrá que iniciar otro pleito?

Todavía más terrible es el cambio que parece implicar el artículo sobre extinción de las pensiones alimentarias. Al presente la obligación de pagar una pensión termina por orden del tribunal y es vitalicia, por lo que podría volverse a solicitar en el caso de los excónyuges si resultare necesaria y no se han casado o conviven en unión de hecho con otras personas. ¿Se ha eliminado el carácter vitalicio de la pensión excónyuge? Actualmente, el obligado a pagarla tiene que acudir al tribunal para que este ordene el cese de la obligación. La disposición sobre extinción propuesta aparentemente no requerirá orden judicial, puesto que el artículo 466 indica que: “si no se establece un plazo determinado, la pensión estará vigente mientras no se revoque por el tribunal, a menos que se extinga por las causas que admite este Código”. ¿Quedará al arbitrio del obligado a pagar la pensión decidir si la misma se extinguió porque las necesidades de la nueva familia que constituyó no le permiten continuar cumpliendo o porque entiende que ya no es necesaria?

El derecho a hogar seguro en caso de divorcio o separación de las parejas de hecho también se limita. Actualmente la residencia que ha ocupado la familia puede establecerse como hogar seguro para la expareja, casada o en unión de hecho, que tiene la custodia de la prole menor de edad o que estudia hasta los 25 años y en el caso de hijas o hijos con diversidad funcional física o mental, mientras esta dure. La propuesta establece que podrán reclamar permanecer en la vivienda familiar que se convertirá en el hogar seguro el excónyuge o hijos que quedan bajo su patria potestad. Se eliminaría la posibilidad de que la pareja de hecho pueda solicitar dicho derecho. En el caso de los hijos con diversidad funcional establece criterios más estrictos que los actuales.

Hay muchas otras disposiciones en esa propuesta de Código Civil que atentan contra derechos existentes. Resulta chocante que esta revisión del Código limite las responsabilidades familiares cuando tanto se proclama la unidad familiar.




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