Poco tiempo después de anunciar su renuncia a la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión III reveló, en una entrevista en la televisión, que ha visto una lista de candidatos republicanos que están bajo consideración para ser miembros de la nueva Junta. El presidente saliente de la Junta dijo que entre los candidatos hay personalidades de la televisión, una persona de un “think tank” y un hispanoparlante que podría ser de origen puertorriqueño.

Carrión III dejó entrever también que debe haber una lista de candidatos demócratas, pero indicó que esa no la ha visto. Otro detalle de interés es que los que están en la lista republicana son, según Carrión III, “conservadores”.

Estas declaraciones, y otras que ha hecho el Sr. Carrión III a los medios, confirman que en Washington ya está encaminado el proceso de renovar la Junta, pocas semanas después de que el Tribunal Supremo esclareciera la constitucionalidad del nombramiento de sus miembros originales.

Ante esta realidad, surge con renovada fuerza la especulación sobre cómo será la nueva Junta. Hace años ronda entre nosotros el temor de que el presidente Donald Trump pueda nombrar personas con poca o ninguna sensibilidad hacia la dolorosa realidad económica de la isla, que vengan con una agenda dura de austeridad y control financiero.

El tema adquiere mayor relevancia luego del giro inesperado que ha tomado la economía local tras los terremotos de enero y la pandemia del COVID-19. La realidad objetiva actual es muy diferente a la que enfrentábamos hace cuatro años, cuando el Congreso concibió la estrategia de la ley Promesa para atender la crisis fiscal y financiera de Puerto Rico.

La Junta hasta ahora vigente asumió esta nueva realidad objetiva y estuvo dispuesta a revisar el plan fiscal, posponer las medidas de austeridad y poner en pausa la renegociación de la deuda gubernamental. Habría que ver si una nueva Junta le daría continuidad a este proceso o si optaría por tratar de imponer nuevamente un plan estricto de realineamiento fiscal.

Lo que está en juego es la definición de cuál debe ser la prioridad de la política económica en los próximos años. Una vía, la más justa y necesaria para Puerto Rico, es enfocarnos en la reconstrucción de la infraestructura dañada por el huracán y los terremotos, la recuperación de los daños causados por la pandemia y la instalación de nuevos incentivos industriales para la manufactura.

Otra vía, cada vez más onerosa, es insistir en los recortes de presupuesto para acomodar el repago a los bonistas.

No hay duda de que Puerto Rico necesita disciplina fiscal, reformas económicas y un acuerdo digno y justo con los acreedores del gobierno y las corporaciones públicas. Pero la estrategia original de la Junta no se ajusta a la realidad actual del país. Habrá que ir más despacio, y supeditar las medidas más duras a la necesidad de recuperarnos antes de seguir adelante.

No sabemos quiénes serán los nuevos miembros de la Junta y cuál es su mentalidad. Por lo visto, existe incluso la posibilidad de que los demócratas de la Cámara de Representantes federal tengan mucha influencia en los nuevos nombramientos. Ojalá sea así.

De hecho, el mejor escenario para Puerto Rico sería una victoria demócrata en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, porque ampliaría el espacio para definir medidas de apoyo a la economía local. Pero hay que pensar en la posibilidad de que tengamos una Junta más afín a la mentalidad del presidente Trump, que no ha sido favorable para Puerto Rico.

Es hora de que las fuerzas locales asuman un papel más decidido en definir el rumbo futuro de la ley Promesa y en articular un plan viable de renovación económica para la isla. Sin duda, este ha de ser un tema central en nuestra próxima campaña electoral.