¿Quién puede estar satisfecho con las acciones iniciales del gobierno de Puerto Rico ante el anuncio de la inminente llegada del coronavirus a la isla? Las expresiones del ahora exsecretario de Salud Rafael Rodríguez, de la gobernadora Wanda Vázquez en La Fortaleza y de otros oficiales de gobierno para minimizar la amenaza a Puerto Rico desde finales de febrero llevó a perder tiempo necesario para actuar.  

Los profesionales de la salud son los expertos y el gobierno debió escuchar y seguir la agenda de la comunidad científica desde el principio, lo que no se hizo. Voces como la del doctor Fernando Cabanillas, que gritaban ante la inacción del gobierno para hacer pruebas a tiempo a pacientes con síntomas, serán recordadas como momentos de gran frustración pública.  

Esos científicos tienen que tomar el mando de las comunicaciones y las acciones inmediatamente para que no continúen los errores.  Hoy mismo la prensa reporta que “a pesar de las recomendaciones de la comunidad científica y organismos internacionales, el gobierno sigue examinando solo bajo unos criterios muy limitados”.

¡Eso es inaceptable!

Las tres prioridades urgentes para Puerto Rico hoy son: 

1.  Aumentar el número de pruebas

El gobierno no puede seguir limitando las pruebas. Ya hay lecciones importantes.  El éxito en Corea del Sur para enfrentar la pandemia no fue tanto el aislamiento y los toques de queda (que son muy importantes) sino poder identificar rápido las personas infectadas. Como único se logra eso es con pruebas diagnósticas a tiempo.  

Los accesos a pruebas tienen que ser distribuidos en los pueblos de Puerto Rico y fomentar que las personas tengan comunicación con sus médicos. ¿Por qué no se pueden hacer pruebas en los laboratorios en toda la isla todavía? ¿Qué detiene el acceso a los reactivos necesarios para la prueba? ¿A quién tenemos que pedir permiso o perdón?  

Esa operación no puede estar centralizada en el gobierno ni controlada por el gobierno. Los pacientes tienen que poder ir a su laboratorio y a su médico para ser atendidos. Hago un llamado a que los sectores que pueden apoyar el acceso a pruebas se sienten en la mesa del “task forcé” de la gobernadora ya.

2. Implantar inmediatamente el protocolo para personas mayores de 65 años, que son las más vulnerables.  

Según la demógrafa Judith Rodríguez, en Puerto Rico hay 660,000 personas mayores de 65 años. Muchos están solos. Son los más vulnerables ante COVID-19. En cada comunidad los gobiernos locales que ofrecen primeros auxilios, líderes comunitarios, vecinos y familiares tienen que asegurarse que nuestros viejos tienen lo necesario para los próximos 15 días de cuarentena nacional. Eso incluye monitorear su salud, su higiene y asegurarse que hay suministros para poder comer. Todas las personas mayores de 80años requieren prioridad de monitoreo.  

Más aún, es importante entender que el “distanciamiento social” es uno físico y no de desvincularnos de los más vulnerables. Los municipios deben liderar una red de apoyo social a través de llamadas por teléfono y entretener a nuestros viejos más que antes. La gobernadora debe asignar fondos de emergencia para que los municipios atiendan a nuestros adultos mayores. El momento requiere compromiso con los viejos.  Además, al no poder salir, hay que requerir las visitas clínicas a los centros de envejecientes.  

3.  Plan para atender con ayuda económica a las pequeñas empresas y a los empleados que no pueden asistir a sus trabajos y no recibirán paga ni ingresos.  

Todas estas acciones tienen un costo; para algunos será la merma en ingresos y para otros el gasto en desinfectar y limpiar. Ya la Reserva Federal bajó los intereses a 0% para aumentar el flujo de dinero, pero localmente hay que tomar decisiones atrevidas en un Puerto Rico con recursos limitados. Abogo, al igual que el senador de Utah Mitt Romney, por una aportación federal o estatal inmediata de $1,000 a todos aquellos desplazados. Recuerdo que yo trabajé un alivio federal similar en el 2008 bajo el presidente Bush.  Además, según la necesidad real, hay que dar la mano a aquellos que confrontan problemas pagando su hipoteca, y las utilidades como las facturas de agua y luz. Decretemos una moratoria en pagos y una extensión en el tiempo para que al ciudadano le corten el servicio.

Como en toda situación seria en la vida, la honradez y hablar con la verdad son elementos fundamentales en la agenda prioritaria para atender la llegada del COVID-19 a Puerto Rico. Mi llamado es seguir en aislamiento preventivo; realizar las pruebas inmediatamente; agilizar la coordinación y supervisión de nuestros viejos y ayudar económicamente a los desplazados por esta crisis. Esa es la agenda urgente para Puerto Rico.