Gerardo A. Carlo-Altieri
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Coronavirus y economía: los números no mienten

Los números no mienten: el saldo del coronavirus mundial era de 145,000 personas diagnosticadas y 5,400 muertes hasta el viernes. En Estados Unidos existían unos 2,100 diagnósticos con 48 muertes y aquí se han confirmado hasta ayer cinco casos.

El anuncio de pandemia hecho por la Organización Mundial de la Salud (OMS), seguido por el mensaje del presidente Donald Trump para declarar una “emergencia nacional”, desplomó los mercados estadounidenses.

En el dialecto de “Wall Street”, el mercado de “toros” (Bull Market) se convirtió en uno de “oso” (Bear Market) con una reducción de 20%.

La crisis en los mercados parece una “muerte anunciada natural”: los historiadores dirán que la expansión económica más extensa de los Estados Unidos (1850-2020) y 12 años de “boom” en los mercados tenía que finalizar.

A la vez, el crecimiento desmedido en los últimos años del endeudamiento corporativo y estatal, estimulado por la búsqueda de rendimiento incontrolada de inversionistas y la política oficial de intereses bajos, solo requería un detonador para crear otra recesión.

La combinación del COVID-19 y la guerra del petróleo generó el detonador. El resultado ha sido la interrupción de las cadenas de suplidores, la reducción en manufactura y servicios, la pérdida de confianza del consumidor y la contracción en la demanda.

La defensa del pueblo de Puerto Rico, en términos de salud, seguridad y bienestar de los más necesitados es la primera prioridad, pero ¿qué efecto tendrá este cuadro tétrico mundial en la reestructuración de la deuda?

El tribunal creado bajo la Ley Promesa tiene ante su consideración un Plan de Ajuste de Deuda (POA, en inglés) para el gobierno, producto de tres años de estudios, litigios y mediación que resulta clave para finalizar la reorganización financiera del gobierno.

Aunque el propuesto POA no satisface a 100% de los acreedores ni tiene el respaldo del gobierno local, el poder exclusivo para presentar un plan lo tiene la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico (JSF). Además, Promesa permite modificar obligaciones de acreedores disidentes a base de la votación de mayoría (50% y 2/3 partes), siempre que el tribunal encuentre que el POA es viable.

A su vez, el POA se basa en modelos de crecimiento económico que han sido cuestionados por economistas de prestigio, entre otras razones, por la inseguridad sobre la cantidad y calendario de distribución de fondos federales para la reconstrucción.

La asignación de $8,300 millones de emergencia ordenada por Trump, la legislación del Congreso aprobando para Puerto Rico unos $200 millones (asistencia alimentaria, Medicaid u otros) y los $50,000 millones en asistencia anunciados bajo la declaración de Emergencia Nacional se tienen que incorporar a los pronósticos económicos del POA ante el tribunal.

Además, los pronósticos sobre la magnitud, profundidad y los costos de atención médica pueden requerir enmiendassustanciales al POA.

A la vez, la falta de data económica post-COVID-19 crea gran incertidumbre sobre los pronósticos económicos nacionales (vea: C. Barnett, Bond Buyer, 03/11/20). Y, a nivel local, la data histórica que tenemos es cuestionable por la falta de estados auditados en los últimos tres años.

La “Gran Recesión” económica de 2008 demostró que se requiere utilizar toda herramienta monetaria y fiscal con flexibilidad, y sin miedo a equivocarnos, ya que estamos en pasajes complicados sin cartas de navegación.

El Federal Reserve respondió con dos reducciones de interés, una inyección de $1.5 trillones en los mercados y sistemas bancarios y un programa de recompra de bonos agresiva. Aunque hay que aclarar, que programas similares de “rescate” a instituciones financieras luego de la última recesión, no estimularon a los bancos a expedir préstamos a los niveles locales deseados.

Y, aunque las medidas federales anunciadas (Medicaid, desempleo, licencias de enfermedad y alivios contributivos), podrían disminuir la crisis, la experiencia reciente con fondos de reconstrucción indica, que el gobierno local no debe depender solo de promesas de fondos y remedios federales.

Tenemos que diseñar e implantar medidas autóctonas de inmediato para sobrevivir a esta pandemia de salud y recesión económica global.





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