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7 de julio de 2025
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Cuando fui asesor en Seguridad Pública del gobernador una de las cosas que tenía a mi cargo era la tramitación de las solicitudes de clemencia ejecutiva (indultos), unas veces de personas que aún extinguían sus sentencias —para poder salir de la cárcel— y otras de personas que ya las habían cumplido, pero buscaban “limpiar” su récord de antecedentes penales para poder obtener un mejor trabajo. Mis reportes incluían mi recomendación sobre si debía concedérsele a la persona la clemencia solicitada, basándome en un informe de investigación que sometía en cada caso la Junta de Libertad Bajo Palabra.
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