Esta semana se publicó uno de los informes más importantes y relevadores sobre las finanzas del Gobierno de Puerto Rico. Titulado el Informe de Gastos Tributables (Puerto Rico Tax Expenditures Report for the Tax Year 2017 en inglés), detalla los costos de todas las decisiones del Gobierno que impactan el fisco. Me refiero no solo a los Decretos de Exención Contributiva, sino también a los Créditos Contributivos y a las Deducciones que en Gobierno les otorga a los ciudadanos en sus planillas.

El informe es una recopilación de información que detalla el costo de las políticas públicas del país. Su objetivo no es pasar juicio sobre las mismas. Sin embargo, es un paso de suma importancia y crítico para nuestro futuro. Destapa por primera vez el costo de decisiones -algunas tomadas a la ligera- y que conllevan consecuencias a la ciudadanía a corto y largo plazo. Es la primera vez que los ciudadanos de Puerto Rico pueden cuantificar el costo de decisiones que en ocasiones se hacen sin estas herramientas, las cuales tomaron miles de horas para ser recopiladas y analizadas.

El Informe analizó 302 “tax expenditures” o impactos al fisco. Los dividió por tipo de “gasto” o beneficio al clasificarlos entre los otorgados a los individuos, las corporaciones, el IVU, y el “Excise Tax”. Identificó 142 “tax expenditures” otorgados a las corporaciones, 104 a individuos, 29 para beneficio de los que pagan “excise tax” y 27 para el IVU. 

El beneficio de mayor importancia para los individuos es la deducción para los intereses hipotecarios. Esta deducción le cuesta al fisco $201.3 millones anuales. Los beneficios pagaderos del Seguro Social no se tributan, a un costo de $124.9 millones. Los ingresos de pensiones o anualidades, hasta un límite, tampoco tributan y le restan al fisco $86.8 millones. Ingresos de fuentes fuera de Puerto Rico redundan en $82.11 millones. Los beneficios contributivos que fueron concedidos a los médicos le restan al fisco $126.6 millones.

En cuanto a los beneficios que se les conceden a las corporaciones, el de mayor impacto es la de las Exenciones Contributivas que están detalladas en la Ley 73 del 2008. Según el Informe, el “costo” al fisco es de $15,691 millones. Sin embargo, hay que aclarar que solo 11 corporaciones foráneas contribuyen el 30% de los ingresos del país. Además, estos contribuyen cantidades cuantiosas a las arcas municipales con el pago del CRIM y emplean de modo directo de cerca de 80,000 personas e indirecto a otras 160,000, las cuales también pagan impuestos del fisco. Así, este “gasto” más bien tiene un retorno de inversión significativo para el país.

Los incentivos otorgados para la Ley 52 del 1983 para incentivar el turismo le restan el fisco $111.3 millones. Estos también hay ver verlos bajo la misma “lupa” que los incentivos corporativos.

Las exenciones del IVU que se les otorgan a los alimentos cuestan $882.1 millones mientras las otorgadas a los medicamentos resultan en $439.5 millones. Los beneficios a los hospitales suman $715.6 millones.

Redondeando una lista parcial de los impactos más prominentes se encuentra la Ley 20 del 2012 que provee trato preferencial por la exportación de servicios. Esta Ley le cuesta al fisco $111.3 millones mientas que la Ley 22 del 2012 que promueve que se muden inversionistas a Puerto Rico cuesta $29.0 millones.

Este informe no puede engavetarse como tantos otros informes que prepara el Gobierno o que comisiona y que cuestan millones. Ahora, como nunca. ¡La ciudadanía ya tiene disponible esta información!