En los pasados días se celebró una cumbre entre los países signatarios del revisado acuerdo de libre comercio Tratado México/Estados Unidos/Canadá (T-MEC).

El tema del libre comercio sigue siendo polémico ante la prioridad que le ofrece al capital para la explotación de la mano de obra. Esto lo podemos ver en sus dos aspectos más controversiales: migración y disputas comerciales.

Antes de la cumbre, el presidente Joe Biden anunció un cambio de política fronteriza entre Estados Unidos y México. Enviará 30,000 migrantes ilegales – cubanos, nicaragüense, haitianos y venezolanos – de vuelta al otro lado de la frontera mexicana. Para aquellos que ingresen legalmente, Estados Unidos aceptará 30,000 personas por mes de estos cuatro países (durante dos años) y ofrecerá la capacidad de trabajo legal.

Antes del año pasado, México solo había aceptado expulsiones de sus propios ciudadanos junto con migrantes de países centroamericanos – Guatemala, Honduras y El Salvador.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el cual se considera un líder “pos-neoliberal”, ha fortalecido y militarizado la frontera norte y sur de su país para cumplir con los acuerdos con Estados Unidos.

Para muchos migrantes, que sufren de la falta de productividad y empleos y del impacto de la pandemia y el cambio climático, la migración fue la única salida ante mayor represión en sus países. No olvidemos la gran caravana de migración centroamericana durante la pandemia.

En el tema comercial, López Obrador indicó un aumento continuo en los puertos del Pacífico mexicano con mercancías de Asia, lo que indica que los países de la región siguen dependiendo de la producción industrial asiática. Desde que la pandemia golpeó las cadenas de suministro, se han intensificado pedidos para reubicar empresas desde Asia hacia Norteamérica en fortalecimiento de las economías T-MEC.

Aun así, hay tensión sobre temas comerciales: López Obrador ha pospuesto un plan, repudiado por Washington, para prohibir la importación de maíz genéticamente modificado de Estados Unidos hasta el 2025.

Los tres socios también han estado en desacuerdo sobre reglas de origen en relación con la producción de automóviles. Canadá y México recién recibieron el favor del panel de resolución de disputas contra los Estados Unidos ante un desacuerdo sobre las prescripciones en materia de contenido regional para el sector automovilístico.

También está en disputa la política energética de López Obrador, la cual favorece soberanía nacional sobre el sector. Este argumenta que gobiernos mexicanos anteriores sesgaron el mercado para favorecer intereses privados. Estados Unidos y Canadá la califican de nacionalista y discriminatoria a sus empresas en violación del T-MEC y a costa de mayor inversión de estos a México.

Por ejemplo, la Ley de Chips y Ciencia en los Estados Unidos propone $280 mil millones para la producción de semiconductores y capitalizar la investigación y desarrollo en centros regionales de alta tecnología. México está buscando su integración a la iniciativa como parte de las cadenas de suministros regionales, pero, de acuerdo con Washington y Ottawa, las disputas comerciales pueden limitar estas posibilidades.

De hecho, la región de América del Norte seguirá teniendo mayor competencia asiática, en particular de China, la cual vuelve a abrir su economía con el fin de su política Cero COVID. China ha asegurado sus suministros de energía asequible al fortalecer su relación con Rusia y países en Oriente Medio.

Pero no solo China: Vietnam, Bangladesh, Indonesia y otros, aunque no tienen la infraestructura y tecnología chinas, se perfilan como “competitivos”, en particular por su mano de obra barata. Así vemos cómo se perfila la competencia regional entre Asia y Norteamérica en el siglo XXI y cómo ello puede impactar las relaciones en Norteamérica e inclusive en Centroamérica y el Caribe.