Dicen que al que no quiere caldo le dan dos tazas.  Los puertorriqueños llevamos meses pendientes de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decida sobre la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal.  Ahora estamos pendientes de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico decida sobre la constitucionalidad de la juramentación de Pedro Pierluisi a la gobernación.

Están cuestionadas nada menos que las dos autoridades que se suponía que trabajaran de manera coordinada, al amparo de la Ley Promesa, para restaurar la solvencia del gobierno, rescatar las pensiones y revitalizar la economía de la isla.  Las controversias planteadas reflejan que la crisis económica ha hecho metástasis al sistema político, en lugar de quedar finalmente bajo el control de las autoridades locales y federales.

No hay duda de que el ambiente de incertidumbre tiene preocupada a gran parte de la población, y especialmente al sector empresarial. No se trata solamente del anhelo natural de vivir en paz, protegidos de perturbaciones, sino también de saber que tenemos un plan de ruta para salir de la crisis y edificar una economía saludable.  La turbulencia de estos días nos aleja de esa aspiración.

En lo que concierne a la Junta, hemos visto que los congresistas y senadores se fueron en receso hasta septiembre sin evaluar las nominaciones de los siete miembros actuales de la entidad que les sometió el presidente Trump hace varias semanas.  El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que atenderá el asunto en octubre.  Mientras tanto, los términos originales de los siete miembros actuales de la Junta se supone que expiren en este mes.

En el otro lado de la ecuación, se desarticuló el equipo que tenía el gobierno de Ricardo Rosselló para trabajar en todo lo relacionado con Promesa.  La representación del gobernador en la Junta y la dirección de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf)—el brazo financiero técnico de la administración—están por lo pronto en el aire.  Es difícil imaginar que vayan por buen camino las negociaciones con los bonistas y la ejecución de un plan fiscal hasta que se llenen estos vacíos de manera convincente.

Mientras tanto, el presidente Trump sigue poniendo reparos al traspaso de fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico, a pesar de que ya parece haber consenso, aquí y en Washington, de que procede establecer mecanismos más rigurosos para la supervisión de dichos fondos.  El retraso del dinero ya representa una amenaza inmediata, porque la economía da señas de debilitamiento y podría recaer en recesión durante el año fiscal en curso.

Quizá a muchos les sorprenda saber que en el año fiscal que concluyó hace un mes y medio—el año fiscal 2019—la economía puertorriqueña tuvo el desempeño más fuerte que hemos visto en unadécada y media.  A juzgar por el índice de actividad económica que publica Aafaf, es posible que la economía haya crecido cerca de 5 por ciento.  Como dato interesante, vale añadir que la tasa de desempleo llegó a bajar a 8 por ciento durante dicho año.

Este desempeño se debe en gran medida al rebote que siguió a la caída desastrosa de la economía en el año de los huracanes, y al efecto de la inyección inicial de fondos federales y pagos de seguro.  Pero la economía ya quemó esa gasolina, y para seguir avanzando necesita que le llenen nuevamente el tanque.  De ahí la urgencia de hacer fluir los fondos federales de reconstrucción.

Podemos esperar que pronto se establezca claramente cuál será el gobierno transitorio legítimo que tendremos en lo que resta de este cuatrienio.  Mientras tanto, no olvidemos que en el mundo entero han recibido con admiración la prueba dramática de que el pueblo puertorriqueño está presto a imponer la limpieza y la transparencia en su gobierno y su economía.  Esta es la mejor garantía para cualquier inversionista serio que nos mire desde el exterior.