Hoy día los derechos que aparecen en las primeras diez enmiendas de la Constitución federal (su “Carta de Derechos”) aplican al gobierno federal. Aquellos que sean “fundamentales” aplican también a los territorios incorporados y a los estados. A los estados aplican automáticamente porque la Decimocuarta Enmienda los adoptó implícitamente. A los territorios no incorporados —como es Puerto Rico—aplican selectivamente, según el Tribunal Supremo federal vaya declarando que aplican de caso en caso, al amparo de la Cláusula Territorial. 

En 1922, el Supremo de Estados Unidos decidió en Pueblo vs. Balzac que el derecho a juicio por jurado que garantiza la Sexta Enmienda no aplica a la isla por no ser Puerto Rico un territorio incorporado. Si Puerto Rico hubiera sido un territorio destinado a convertirse en estado de la Unión —que es básicamente a lo que se refiere ser un territorio incorporado—, el Supremo federal habría resuelto que aplicaba, pues la Constitución federal dice lo que los jueces del Supremo federal dicen que dice. Sin embargo, el pasado viernes Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto en Pueblo vs. Torres Rivera no seguir ese precedente al punto.

En 1952 aprobamos nuestra Constitución, en la que reconocimos el derecho a juicio por jurado, pero sin el requisito de unanimidad del veredicto. Así lo autorizó el Congreso, cuando decidió darnos cierta libertad para su diseño. Y lo adoptamos con el entendimiento que teníamos, como nación, de cuál debía ser el contenido de ese derecho. Los puertorriqueños pensamos que el requisito de unanimidad no es inherentemente injusto y nos ha servido bien. Estamos acostumbrados a tomar decisiones importantes de la vida por mayoría —aprobamos las leyes, declaramos su inconstitucionalidad, elegimos a nuestros gobernantes, controlamos el acceso a nuestros hogares y un montón de otras cosas—, sin exigir criterio unánime. Todos sabemos por experiencia lo difícil que es lograr un consenso cuando del criterio de seres humanos en asuntos complejos se trata. Me siento más cómodo con el sentir de los puertorriqueños que con el de los nobles ingleses de hace varios siglos.

Cierto es que con la creación del Estado Libre Asociado nació una nueva ilusión: que en adelante seríamos una cosa distinta a la descrita en Balzac. Incluso en las escuelas de Derecho comenzaron a preguntarse si los derechos contenidos en las primeras diez enmiendas se aplicarían directamente a Puerto Rico, o si mediante la Decimocuarta Enmienda (como si se tratara de “un estado”). Recientemente, el Supremo de Estados Unidos, en el caso Sánchez Valle, nos bajó los humos de la cabeza y dijo que no éramos como un “estado” de la Unión, que aquí lo que aplica es la Cláusula contra la Doble Exposición de la Quinta Enmienda.

A pesar de que en Ramos vs. Louisiana el Supremo de Estados Unidos acaba de resolver que el requisito de unanimidad del veredicto es parte del derecho constitucional a un juicio por jurado, yo creía que Balzac seguía siendo un precedente válido para Puerto Rico, en particular porque el Supremo federal ha dicho varias veces que ningún tribunal de inferior jerarquía puede rechazar sus precedentes bajo la teoría de que han sido implícitamente revocados. Sin embargo, con la decisión del pasado viernes en Pueblo vs. Torres Rivera, nuestro Tribunal Supremo ha dicho que lo decidido por el Supremo de Estados Unidos en Balzac ya no sirve, que “el paso del tiempo se ha encargado de modificar el estado de derecho vigente en aquel entonces, al punto de que lo allí pautado respecto al derecho de un juicio por jurado ha pasado a ser letra muerta”. Nuestro Supremo expresa que eso se debe a que en el caso de Duncan (1968) el Supremo federal resolvió que “en los estados norteamericanos, lo mismo que en el sistema judicial federal, la garantía de un juicio por jurado para delitos graves es un derecho fundamental”. Pero, como sabemos, los tribunales del ELA no pertenecen al “sistema judicial federal” y tampoco somos un “estado norteamericano”.

Pero en vista de que el ELA aceptó que la decisión de Ramos aplica “de forma general” a Puerto Rico —y no habrá de apelar el caso al Supremo de Estados Unidos—, nunca sabremos si la interpretación de nuestro Tribunal Supremo en cuanto a los precedentes del Supremo federal —Balzac, Duncan y Ramos— es correcta o no. Mientras tanto, es la que vale.