Días atrás ocurrió el arresto de Roger Stone en el estado de Florida como consecuencia de una acusación expedida por un gran jurado, por solicitud del fiscal especial Robert Muller, investigador de lo relacionado con la alegada colusión entre el gobierno ruso, WikiLeaks y la campaña de Donald Trump para lograr la presidencia de los Estados Unidos.

Tanto la acusación como la forma en que Stone fue arrestado han causado mucha conmoción en ese país, claro está, desde distintas perspectivas. Me sorprende que no se hayan discutido en Puerto Rico las implicaciones de este arresto.

¿Quién es Roger Stone? Oficialmente es un asesor político y cabildero. Era socio de la firma de cabilderos Black, Manafort y Stone, famosa por facturar grandes sumas a empresarios para proveerles acceso a los políticos. Los críticos de Stone lo describen como el representante de la peor imagen de la política norteamericana. Stone comenzó su vínculo con la política como colaborador de la campaña de reelección de Richard Nixon. Inclusive, tuvo que comparecer ante un gran jurado sobre los eventos de Watergate. Era tanta su admiración por el expresidente y de su forma de hacer política que se tatuó en su espalada su rostro... (un exceso quizás más comprensible en estos días). Luego participó activamente en las campañas de Ronald Reagan, Bush padre e hijo y Bob Dole. Más recientemente fue protagonista de gran parte de la campaña de Trump como su asesor. Su estilo estridente, de desinformación y de explotar el odio es su marca.

La acusación tiene 24 páginas en las que se le imputan varios delitos, incluidos obstrucción a la justica, hacer expresiones falsas en una investigación e intervenir indebidamente con un testigo. La página 4 contiene una alegación muy seria: que después del 22 de julio de 2016 —fecha en que fue divulgada información sobre la entonces candidata Hillary Clinton, obtenida ilegalmente por WikiLeaks del Comité Nacional del Partido Demócrata— un oficial “senior” de la campaña de Trump fue instruido a que contactara a Stone para que este auscultara con WikiLeaks si había más información negativa sobre la candidata. En la acusación no se menciona quién dio la orden al oficial de campaña, pero en ese momento solo podían ser dos: Paul Manafort y Donald Trump. Es evidente que el fiscal Muller ya tiene identificado a uno de los dos como involucrado directamente en el acceso y la divulgación de esa información, lo que apunta a que la investigación sobre este asunto está por culminar.

La conducta de Stone durante todos estos años y sus alegados vínculos con la difusión de información obtenida ilegalmente para favorecer a Trump son muy reprochables. Probablemente, su arresto y procesamiento podrían constituir una lección de que en la política estadounidense “not everything goes”; es decir, que hay límites, que debe haber honestidad y que no todo está a la venta.

No obstante, son injustificables los excesos en que se incurrió para arrestarlo, con decenas de agentes del FBI fuertemente armados para arrestar a una persona que no está acusada de ningún delito de violencia. Ese abuso de poder puede ganarle simpatías, pero, peor aún, puede servir como excusa para que Trump lo indulte y, así, lograr su silencio en la etapa final de la investigación. Ya algunos congresistas incluso están solicitando una investigación sobre la forma en que se realizó el arresto. En qué estaría pensando el FBI cuando diligenció el arresto de esa forma... A menos que fuera a propósito.

Todo este drama proyecta, encapsuladamente, lo peor de la política estadounidense. En Puerto Rico debemos preguntarnos si estamos cerca o lejos de emular esos estilos de diligenciar arrestos o de hacer política.