Para los que armaron el revuelo porque una jueza le impuso “únicamente” $300,000 de fianza a Jensen Medina, a quien se le achaca el asesinato de la joven Arellys Mercado Ríos, sepan que eso es el resultado de la aplicación de nuestra Constitución, la misma Constitución que tan bien nos sirvió hace unas semanas para deshacernos de un mal gobernador. Los del alboroto pretendían que la jueza le impusiera una fianza tan alta que el sospechoso no pudiera prestarla y tuviera que ser ingresado sin remedio a prisión. Clamaban, nada más y nada menos, por un “castigo exprés”.

Gran parte del país estaba tan furibundo con la situación que, a quien le pusieran un micrófono de frente, se expresaba escandalizado ya que el individuo no había ido a la cárcel. Mucha gente no entendía por qué el sujeto —a quien la Policía anduvo esperando por que apareciera y participara en una línea de identificación, y que, aparentemente, estuvo escondido y sin “dar cara”—, llegó finalmente al tribunal y, después de un rato, se fue para la casa a dormir en su cama, ver televisión y comer caliente.

Los menos —como el presidente del Colegio de Abogados(as) de Puerto Rico y varios columnistas—, intentaban en vano explicarle a la gente que el derecho a salir bajo fianza era un derecho constitucional para beneficio de todos —buenos y malos— y no una sentencia condenatoria en “layaway”. A mitad de barullo, escuchamos mucha gente alabar el sistema federal y despotricar contra el nuestro.

Pero ¿por qué vemos que a veces los jueces federales deniegan el derecho a fianza a ciertos acusados en su tribunal? Porque allá es distinto, porque la Constitución de Estados Unidos, aunque reconoce el derecho a la fianza, permite algunas excepciones para los casos muy graves en los que la fiscalía establezca, por la preponderancia de la prueba, que la detención preventiva del acusado es el único medio disponible, entre otras cosas, para garantizar la seguridad y protección de las víctimas, los testigos, la comunidad y el sistema de administración de la justicia.

En Puerto Rico no existe esa excepción. Aquí el propósito de la fianza es garantizar la comparecencia del acusado al proceso, mientras no sea declarado culpable por un jurado (no por la gente en la calle). Y, la misma Constitución de Puerto Rico establece literalmente que las fianzas “no serán excesivas”. Dicho de otro modo, la fianza es para que el arrestado —sin que importen las pruebas evidentes en su contra ni lo horrendo del crimen— pueda irse para su casa, sin pasar un minuto en la cárcel, siempre y cuando pueda prestar la fianza, no excesiva, que el juez está obligado a fijarle. Porque este derecho es para que los arrestados tengan la oportunidad de conservar su libertad. Un juez, mediante la imposición de una fianza excesiva, no debe menoscabar deliberadamente esa oportunidad antes de que el acusado sea condenado en juicio, pues actuaría en contra de la Constitución. La ley establece los criterios que el juez debe tomar en cuenta al fijar el monto de una fianza para que esta sea razonable, no excesiva. 

En este caso, si una juez distinta aumentó la fianza a $1.15 millones es porque determinó, basándose en la prueba, que $300,000 no garantizaba la comparecencia del acusado a juicio, y no porque la nueva cantidad aseguraría su castigo exprés. La fianza, por mandato de nuestro pueblo, no es un mecanismo para castigar de antemano a quien creemos ser el autor de un crimen abominable. Si el país no quiere que los arrestados por delitos como esos salgan en libertad bajo fianza, pues que convenzan a nuestros legisladores para que hagan otro referéndum para enmendar la Constitución al estilo de la Constitución federal. Porque si esos que ahora critican a policías, jueces y fiscales no quisieran enmendarla, tendríamos que preguntarles: ¿Entonces en qué quedamos?