La madurez democrática de un país suele medirse por el grado de reconocimiento y protección que se le otorgue al ejercicio de la protesta social. Protestar es exteriorizar la disidencia política que se encuentra en las entrañas de la democracia, en tanto que sistema que pretende gestionar los desacuerdos entre personas con intereses y visiones divergentes. Como vemos a través de la historia, la protesta es el reflejo de la potencia de cambio que se materializa en nuestras dinámicas políticas; es el germen necesario para adaptar nuestras instituciones a las necesidades cambiantes del colectivo. No por casualidad se ha catalogado como el “primer derecho”, según pensadores como Roberto Gargarella.