Gerardo A. Carlo-Altieri
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El discurso de la gobernadora y la rehabilitación fiscal de Puerto Rico

El discurso pronunciado por la gobernadora Wanda Vázquez el pasado viernes ha sido tema predominante en los medios y la atención del pueblo, con contenidos que aluden a la ilegalidad del mismo y a las técnicas de la proyección o “delivery” de la mandataria, más que la sustancia del mensaje, supuestamente dirigido al presupuesto.

Durante el evento, resultó paradójica la presentación por la gobernadora del almirante Peter J. Brown como representante oficial del presidente Donald Trump, en medio de un ataque virulento a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), institución impuesta por el mismo gobierno federal.

Algunos antropólogos apuntan que la identidad de pueblo entre los grupos nómadas se creaba a base del idioma común, las prácticas religiosas, los parentescos y la geografía. Otros concluyen que el verdadero concepto de pueblo se forja al idearse un enemigo común, que en este discurso le corresponde a la Junta de Supervisión y a las aseguradoras.

Igual que sucedió con la Marina en Vieques, se espera aglutinar al pueblo alrededor de una guerra declarada contra la Junta, un enemigo perfecto, a la vez que se introduce al representante de Casa Blanca sin detallar el entrelazamiento existente entre las ayudas federales ya recibidas para mitigar la pandemia del COVID-19, por $3,100 millones, con la lista de logros y un catálogo extenso de promesas.

Por otro lado, la rehabilitación económica de Puerto Rico continúa dependiendo de fondos federales no recurrentes y micro manejados por la JSF, que surge de un presupuesto consolidado para el año fiscal 2021 de $28,234 millones, incluyendo $10,200 millones en fondos operacionales. Se trata de un presupuesto que por tercer año consecutivo tendrá que ser impuesto por la Junta, sin la aprobación de La Fortaleza o la legislatura.

Las diferencias entre los presupuestos de la Junta y el gobierno para 2021 son mínimas ($165 millones). Además, la Junta, en estos tiempos de pandemia y acercándose a las elecciones generales, ha relajado sus requerimientos de austeridad. Por ello, ha pospuesto algunos recortes, incluso las reformas laborales, la simplificación de permisos para negocios y la reducción de costos energéticos.

Sin embargo, queda claro que se trata de una mera posposición de un año y que la “mantra” de disciplina fiscal, administrativa y transparencia luego se continuará exigiendo. De hecho, la Junta espera que el gobierno local se “ilumine” durante este periodo de tregua e implemente las reformas estructurales e ideológicas que ha requerido con insistencia.

A diferencia de la Junta, el gobierno propone un presupuesto que mantiene intocable el bono de Navidad y los aumentos salariales para los empleados públicos, así como la rehabilitación de la estación de televisión gubernamental y las pensiones.

La Junta tiene que conseguir un nuevo acuerdo de respaldo por los bonistas principales (Plan Support Agreement o “PSA”) al Plan de Ajuste deDeuda (el “Plan”) para el gobierno de Puerto Rico y someterlo para la aprobación del tribunal.

El último acuerdo PSA concedía un promedio de 35% - 42% de recobro agregado a los bonistas con un repago anual fijo de $1,500 millones.

En este momento resultará difícil imponer una distribución a bonistas a base del Plan Fiscal 2020, el cual reduce el sobrante para los años fiscales 2020-2032 de $29,000 millones (pre COVID-19) a unos $8,000 millones, lo que representa un 65% de reducción, según la Junta.

La ficha de tranque la podrían tener los tribunales federales, que han reconocido poderes amplios a la Junta, pero a la vez pospuesto los reclamos de repago inmediato de bonistas y acreedores con alegada prioridad.

El Plan Fiscal 2020, el presupuesto 2021 y un nuevo acuerdo con los bonistas, constituyen las piezas claves para conseguir la aprobación de un Plan de Ajuste de Deuda y la reorganización de las finanzas del gobierno central bajo el Título III de la ley Promesa.

La economía pandémica, aun con ayudas federales estimadas en más de $20,000 millones ha complicado el panorama y requiere más que nada flexibilidad y cooperación de parte del gobierno y sus acreedores.


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