Ever Padilla Ruiz

Punto de vista

Por Ever Padilla Ruiz
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El efecto sistémico del discrimen

En los pasados días y semanas han resurgido debates en temas de derechos fundamentales. La discusión generada por las manifestaciones mundiales en contra del racismo y la xenofobia, que incluyó a políticos del patio, salpicó a aspirantes a puestos electivos y hasta requirió disculpas de artistas. La discusión sobre los derechos de las comunidades diversas en su sexualidad, identidad y expresión de género; la violencia sexual, la violencia contra las mujeres, la violencia generalizada en el país, la pobreza y la inequidad han tomado muchos de los espacios en los medios de comunicación. Los medios tampoco han escapado a las críticas sobre sus publicaciones, sobre su programación violenta, machista, sexista, homofóbica, transfóbica y xenófoba, que no reconoce la dignidad de las personas. En otros espacios de comunicación, se fomenta el odio, la burla y la humillación en nombre de la libertad de expresión. 

Todas estas situaciones han desvelado la falta de comprensión, el alcance y el efecto sistémico del discrimen. Esto requiere que repensemos nuestras acciones en todos los niveles, dimensiones y en todas las instituciones: públicas y privadas. 

En estos días de cuarentena, en los que las rutinas se han trastocado y nuestros énfasis han variado, he tenido la oportunidad de repasar lecturas y revisitar documentos. En esas tareas, me encontré un informe del año 1959 producido por el Comité del Gobernador para el Estudio de los Derechos Civiles en Puerto Rico. Ese informe retrata las realidades, las dimensiones, el carácter de la realidad puertorriqueña y el efecto sistémico de las condiciones de pobreza que limitan el ejercicio pleno de nuestros derechos. 

El informe, con toda la vigencia de nuestros tiempos, concluye que: 

La vigencia de los derechos humanos depende, en gran parte, de las actitudes de las personas; y ningún otro medio puede ser mejor para encauzarlos, que la educación. Sin embargo, los derechos fundamentales de los ciudadanos, en última instancia son responsabilidad del gobierno ya que tales derechos forman parte esencial de la Constitución y las leyes del Estado. Consecuentemente, y aunque parte de la labor de educación en el sentido expresado pueden hacerla las instituciones educativas, es necesario el estímulo y la dirección de un organismo especializado y con carácter oficial que, en distinta forma y por medios más adecuados, lleve a cabo esa labor de investigación, educación y orientación.

Hoy en Puerto Rico se destinan 26 centavos por persona para la educación, promoción y vindicación de nuestros derechos. Nuestro país se enfrenta a complicados retos que definirán nuestro futuro y requieren que abordemos la discusión de todos estos temas con mesura y desde una perspectiva humana. Para poder enfrentar con éxito estos retos es de vital importancia promover espacios para el diálogo respetuoso yhonesto sobre nuestros derechos fundamentales. Es momento de poner los énfasis donde se necesitan para promover estrategias que nos permitirán alcanzar la aspiración de una sociedad más justa, solidaria, plural y democrática, que reconozca, valore y vindique la equidad y la dignidad de todas las personas.  


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