Durante el pasado fin de semana vi el filme "Joker" en un cine abarrotado. Tanto la película como las reacciones del público —que aplaudió estrepitosamente al final— fueron impresionantes. Al ver el drama no pude evitar pensar en un caso visto este año por nuestro Tribunal Supremo en el que, por consideraciones formalistas de derecho, no adjudicó, pero que tenía que ver con una persona que, al igual que el protagonista de la película, tenía serios problemas mentales. 

En dicho caso —me referiré al protagonista por las iniciales JJM— se refleja la indolencia gubernamental en atender la condición mental de una persona con problemas legales. La historia subyacente en "Joker" gira, precisamente, en torno a una persona con problemas mentales que nunca recibió servicios adecuados para su condición y que, además, fue víctima de abuso en el hogar y de “bullying”. La situación incluso se agravó cuando el gobierno de Ciudad Gótica tomó la decisión —como parte de medidas de austeridad— de eliminar las medicinas y los tratamientos que recibían personas de las mismas circunstancias que el "Joker". 

Como elocuentemente expresó la trabajadora social en la película: “the goverment doesn’t give a shit about people likes us”, al referirse a los pacientes de salud mental y a los funcionarios públicos que le proveían servicios médicos y sociales a ese sector. Fue justamente después de la eliminación de esos servicios que surgió la conducta violenta y desenfrenada del protagonista. No pude evitar pensar en las posturas de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico y, a nivel internacional, de las del Fondo Monetario Internacional, que condiciona sus préstamos a la implantación de medidas contra los servicios básicos a los menesterosos. 

Pero volvamos a Puerto Rico y hablemos del caso de Pueblo de Puerto Rico v.  JJM, cuyo trato por varias entidades gubernamentales dejó mucho que desear (por decir lo menos). JJM fue acusado por sus propios familiares, presumiblemente con el propósito de que recibiera atención médica de manera compulsoria. Toda vez que su enfermedad mental era manifiesta, su abogado solicitó una evaluación para determinar si era procesable para enfrentar juicio. El Tribunal ordenó dicha evaluación y determinó que el Departamento de Corrección lo transportaría, ya que estaba encarcelado, ante el siquiatra del estado.

Al cabo de 118 días en prisión, el siquiatra no había podido evaluarlo. Posteriormente, pudo lograrlo y manifestó que era “no procesable”. El Tribunal ordenó entonces a Corrección su traslado —de la cárcel al Hospital Psiquiátrico— y a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) para que le proveyeran el debido tratamiento. Lamentablemente, nada de esto sucedió sino hasta 513 días después, por lo que JJM estuvo preso injustificadamente y sin tratamiento por 688 días, ¡casi dos años completos! 

La desidia del gobierno hacia las necesidades de un sector tan vulnerable —las personas pobres con enfermedades mentales (a quienes se presume inocentes, por si alguien lo había olvidado)— es inaceptable. La historia se agrava cuando en el mismo caso de JJM se menciona que hay probablemente 87 casos similares, de otros presos, en espera de ser atendidos. ¿Cómo es posible tanta negligencia e insensibilidad? 

Tenemos muchas personas con problemas mentales sin la atención médica que tienen que proveer las agencias del gobierno. Conviven en nuestros respectivos entornos en situaciones muy frágiles. Las políticas de austeridad, la apatía y la falta de entendimiento de sus condiciones pueden disparar detonantes para muchas de estas personas; detonantes que pueden ser un despido, eliminación de servicios, empeoramiento de su situación económica o humillaciones que puedan estar sufriendo cotidianamente.

La salud mental —que es el principal problema de salud del país— exige la mayor seriedad y urgencia, sobre todo si se trata de nuestros compatriotas menos afortunados económica o educativamente. Su abandono no puede tolerarse, mucho menos el atisbo de alguna lejana mueca de displicencia en el rostro de quienes se supone que los atiendan.