Esta es la cuarta entrega de columnas dedicadas al análisis de los distintos sectores políticos que reclaman el voto de los electores el próximo 3 de noviembre y que hoy enfoco en el Partido Nuevo Progresista (PNP): el que, a través del gobernador Ricardo Rosselló, destituyó el 19 de marzo de 2017 a los miembros de la Comisión para la Auditoría de la Deuda; el que mandó de vacaciones al director del Negociado de Emergencias en medio del azote de los huracanes Irma y María; el que se negó a reconocer los muertos de María, 68% de los cuales eran personas mayores de 70 años que murieron por descuido del propio gobierno; el que desmanteló el Negociado de Estadísticas; el partido de los innumerables representantes y alcaldes que han tenido que renunciar por actos de corrupción; el del chat del juez Rafael Ramos Sáenz, culpable de violar la ley de ética; el de Julia Keleher y el escándalo de corrupción en Educación; el de los contratos multimillonarios de Whitefish y Cobra; el de los 50 millones en consultores en la legislatura; el de los sueldos extravagantes a los directores de la AEE y otras agencias de gobierno; el de seis directores ejecutivos diferentes de la AEE en solo cuatro años; el que ha gobernado el país por 28 años, por lo cual es también responsable de que Puerto Rico ocupe la quinta posición entre los países más desiguales del mundo; el de los cadáveres almacenados en vagones; el de la Ley 80; el de la guagua blindada de $245,000 para Ricky Rosselló que aún no aparece; el de los contratos del KOI de $30 millones; el de las 20,833 paletas de agua abandonadas al sol en Ceiba; el de los innumerables casos de empleados fantasmas en La Fortaleza, el Senado y la Cámara de Representantes; el de los cientos de casos de nepotismo en las agencias públicas; el de un asesinato cada 14 horas; el que negoció el acuerdo de pago de la deuda de Cofina a espaldas del pueblo; el que se niega a decretar una emergencia nacional por los asesinatos de mujeres; el del desastre de la transportación a las islas de Vieques y Culebra; el de un Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que legalizó el depósito de cenizas y la tala indiscriminada de árboles; el del fraude millonario en Hacienda de OPG Technology; el de los $500 por cada dron anaranjado; el de cero trasparencia en contratos y acuerdos que la prensa ha requerido; el del vergonzoso chat de Telegram y del primer gobernador destituido en la historia moderna de este país; el de un Pedro Pierluisi declarado inconstitucionalmente juramentado para sustituir a Rosselló; el partido de Wanda Vázquez, que usó la ayuda a los damnificados por los temblores en el Sur para propaganda política partidista y le ríe las gracias a Donald Trump a pesar de los insultos y los actos discriminatorios de este con los puertorriqueños; el del almacén cerrado en Ponce; el de los $38 millones en pruebas fatulas para el COVID; el de las innumerables sustituciones en el Departamento de Salud cuyo secretario dijo que “el COVID no viene porque no hay vuelos directos a China” o el de la Italia pegado a China, de su epidemióloga Carmen Deseda; el del sistema robusto de la AEE donde la luz se nos va con cualquier ventarroncito; el del “estamos preparados” que desmintió FEMA; el del desprecio por nuestras instituciones, como botar a la secretaria de Justicia por enviar al FEI un referido sobre la gobernadora; el que le quiere entregar WIPR a una organización que aún no existe; el del desastre en el Departamento de Educación donde siguen miles de niños sin acceso a la educación virtual; el de los empleados atornillados de Ricky Rosselló antes de irse, y de Wanda Vázquez que va en las mismas; el que le ha quitado fondos a la UPR; en fin, el partido del mayor desastre administrativo en la historia de nuestro país. ¿En serio que nos piden una nueva oportunidad para gobernar?