En Puerto Rico, el uso del poder simbólico y la violencia institucional suelen darse más de lo que pensamos y de lo que desearíamos. La violencia institucional se define como los actos, omisiones o el uso ilegítimo de la fuerza y poder ejercido por agentes o funcionarios nombrados por el estado. Comprende diversas prácticas violentas de índole física, psíquica, sexual o simbólica. Es decir, es el proceso mediante el cual el poder concedido por el Estado, en cualquiera de sus niveles, es utilizado para favorecer o encubrir la violación de la ley, quebrantando los derechos y la integridad de los más vulnerables. Es importante aclarar que estos fenómenos no se limitan a las agencias de seguridad pública; pueden darse en distintas instituciones como, por ejemplo, educativas y/o de salud.