Un gobierno compartido y las reglas del filibusterismo se perfilan entre los problemas para poder aprobar una legislación de reforma electoral federal aplicable a todos los estados. No obstante, existen dos proyectos de ley presentados en el Congreso Federal para reformar el sistema electoral, conocidos como “John Lewis Voting Rights Advancement Act” y “The Freedom to Vote Act”.

La primera, llamada así por el difunto congresista de Georgia, tiene como objetivo revertir una decisión del Tribunal Supremo (2013) que anuló partes claves del “Voting Rights Act 1965″, que varios estados con un historial de discriminación en el derecho al voto, principalmente en el sur, obtuvieran autorización previa del Departamento de Justicia para cualquier cambio en las leyes electorales, la reubicación de los lugares de votación y la imposición de requisitos estrictos de identificación de votantes.

La segunda, es una que pretende reformar la forma en que se dibujan los distritos electorales para prohibir que se tracen líneas en beneficio de un partido político, hasta la forma en que se financian las campañas. Pero concretamente pretende: 1) convertir el Día de las Elecciones en un feriado nacional, con el fin de facilitar que todos los votantes acudan a las urnas ese día; 2) permitir que los estados tengan votaciones anticipadas durante al menos dos semanas antes del día de las elecciones, incluidas las noches y los fines de semana; 3) permitir la votación por correo sin necesidad de justificación alguna para acceder a esa modalidad del voto, y que los votantes puedan depositar sus boletas en buzones; 4) exigir que los estados hagan que la votación sea más accesible para las personas con discapacidades; y 5) requerir que los estados que requieren identificaciones para votar tengan que ampliar los tipos de identificación aceptables. Por otra parte, los estados también tendrían que ofrecer un sistema de registro para votar el mismo día y en línea, y facilitar el registro en lugares como departamentos de vehículos motorizados.

También, ese proyecto de ley pretende aprobar nuevas reglas sobre cómo se pagan las campañas al limitar el uso del llamado dinero ilegal por parte de los comités de acción política. Cualquier grupo que gaste más de $10,000 para influir en una elección deberá revelar todos los donantes. La medida también fortalecería la capacidad de la Comisión Federal de Elecciones para investigar campañas políticas y exigiría que los estados reemplacen las máquinas de votación obsoletas por otras que, entre otras cosas, proporcionen a los votantes registros en papel de sus boletas.

Ambos proyectos fueron aprobados en la Cámara, pero enfrentan grandes problemas para ser aprobados por el Senado. Todos los senadores demócratas se han expresado a favor de ambos proyectos, pero las reglas del filibusterismo, donde se necesitan 60 votos para terminar el debate y proceder a votar por una medida han hecho imposible la aprobación de ambos proyectos de ley. Y lo anterior, no es posible cuando los demócratas cuentan con 50 senadores y el voto de la vicepresidenta Kamala Harris.

Y aunque líderes del Partido Demócrata intentaron enmendar las reglas del filibusterismo, no contaron con el apoyo de los senadores Krysten Sinema (Arizona) ni con Joe Manchin (West Virginia), por lo que no prosperó. Las legislaturas estatales pueden aprobar leyes con mayorías simples, a diferencia del Congreso Federal que tiene la regla del filibusterismo que en resumen expone que se necesitan 60 votos para poder aprobar una medida legislativa.

Esta dificultad ha tenido como efecto que algunos estados -mayormente republicanos- impulsen medidas de reformas electorales estatales y un debate sobre cómo debería cambiar los procesos de votación. Al final del día, una reforma electoral federal pasó de una promesa a un sueño difícil de alcanzar.

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