El toque de queda surgió como la mejor segunda opción, luego de que se desaprovechara la alternativa óptima de realizar pruebas y restringir el flujo de pasajeros tempranamente. El gobierno buscó asesoría en la universidad pública (la misma a la que le redujeron sustancialmente su presupuesto) para trabajar el aspecto salubrista del COVID-19. Ahora falta minimizar los efectos económicos del toque de queda.

Mis colegas coinciden en que las pérdidas económicas del toque de queda es probable que fluctúen entre $5,000 millones y $10,000 millones (véase Abexus y Estudios Técnicos). Si sumamos el impacto económico de los terremotos y la lenta reconstrucción post María, es bien probable que la economía decrezca este año fiscal. La Junta de Control Fiscal solo autorizó un estímulo económico mal diseñado de $787 millones, mientras mantiene más de $4 mil millones en reservas para el pago de la deuda. Ocurriría un “double dip recession”: de 2012 a 2018 hubo decrecimiento económico, en 2019 hubo una corta recuperación y en 2020 se regresa a la depresión.

Se espera que la economía rebote nuevamente en el año fiscal 2021. Esto debido a que se espera que se aceleren los fondos de reconstrucción post María, se reciban algunos millones en fondos federales por los terremotos y otros $5,000 millones como estímulo económico para contrarrestar la crisis del COVID-19.

Pero, no deben celebrar mucho estos estímulos, como ocurrió luego de María. Recordemos el impacto macroeconómico irrisorio que tuvieron los cheques a individuos en 2009 (fondos ARRA): al consumir productos extranjeros en tiendas extranjeras se minimizó el efecto multiplicador del consumo. Aun si esta vez los consumidores gastan más en productos y comercios locales, fíjese que las pérdidas estimadas del toque de queda son probables que superen el estímulo económico federal. Además, nadie está analizando cuál será el modelo de crecimiento una vez terminen estos fondos federales.

En la espera del rebote habrá unos problemas de liquidez que, si no se atienden, llevarán a muchas personas a sufrir hambre y a que muchas pequeñas y medianas empresas (PYMES) quiebren.

Hambre: en el año 2015 (antes de María y de los terremotos) el Instituto de Estadísticas halló que el 22% de la población de Puerto Rico se servía menos alimentos o no consumía una comida diaria por falta de dinero. Es muy probable que ese porcentaje haya aumentado las semanas pasadas, ya que los comedores escolares están cerrados (los cuales eran clave para la niñez pobre) y muchas personas que trabajaban no tienen liquidez: muchos patronos no pudieron pagar sin producir, los pagos del seguro por desempleo están extremadamente lentos, el Departamento de Hacienda no ha depositado los $500 a los cuentapropistas formales, y los empleados informales solo recibirían el estipendio federal que llegará en mayo (los inmigrantes indocumentados no recibirán transferencia alguna). Recomiendo reabrir los comedoresescolares para que las personas puedan ir a recoger una comida, tomando las precauciones que se toman en los restaurantes. Esto también ayudaría a la economía al comprarles a los agricultores que le vendían al Departamento de Educación y que ahora tienen pérdidas.

PYMES: sin vender un centavo en esta cuarentena, muchas PYMES tienen que pagar nómina, alquiler y otros gastos operacionales corrientes. Se espera que la Small Business Administration otorgue fondos para ayudar a las PYMES con sus problemas de liquidez. Más allá de otorgar $1,500, que no cubren siquiera los gastos operacionales, el gobierno local debe proveer una moratoria al alquiler, aumentar las compras gubernamentales a PYMES y eximirlas temporalmente de cobrar el IVU para contrarrestar las pérdidas que tuvieron durante la cuarentena.

Si no se actúa rápido, en la “espera” del rebote se esperan unos efectos muy dañinos.