Desde que se constituyó el Estado Libre Asociado en 1952, Luis Muñoz Marín y su partido se lanzaron a la consigna de revisar un status que ellos mismos definían como imperfecto.

No fue hasta el fallido proyecto Fernós-Murray en 1959 que finalmente se dieron por vencidos en esta primera etapa. En las discusiones del proyecto, el senador Henry Jackson insistía en que no podía existir un pacto con un territorio cuando el Congreso tenía el poder exclusivo para aprobar e imponerle leyes unilateralmente a su población.

La elección de John F. Kennedy como presidente en 1960 revivió las esperanzas de Muñoz Marín de culminar el ELA. Pero la ilusión de que Kennedy pudiera ayudar a desarrollarlo se fue desvaneciendo paulatinamente según evidencia su doble discurso. Finalmente lo más que se logró fue la concepción de una Comisión Conjunta (7 estadounidenses y 6 puertorriqueños) para evaluar el desarrollo del status.

Tras el asesinato de Kennedy en 1963, su sucesor Lyndon B. Johnson realizó los nombramientos de la Comisión heredada de su antecesor. La Comisión no pudo definir la evolución del ELA, y Johnson, como no tenía compromiso alguno con los puertorriqueños y estaba sumergido en el pantano político generado por la Guerra de Vietnam, no le prestó atención al asunto de Puerto Rico. Posteriormente, ignoró los resultados del plebiscito de 1967, los cuales habían demostrado el respaldo de la mayoría al desarrollo del ELA.

El presidente Richard Nixon (con el asesoramiento del gobernador Luis A. Ferré) nombró una comisión en 1970 la cual solicitó el voto presidencial. La petición fue ignorada por el Congreso.

En 1973 Nixon (con el asesoramiento del gobernador Rafael Hernández Colón) nombró otra comisión copresidida por el senador Marlow Cook y el exgobernador Muñoz Marín. Tras la renuncia de Nixon, Gerald Ford asumió la presidencia y heredó la recién fundada comisión. Ante las exigencias de la delegación encabezada por Muñoz Marín de culminar el ELA, contrario a Kennedy y Johnson, Ford decidió “agarrar el toro por los cuernos” y solicitó opiniones a las principales agencias federales relacionadas con Puerto Rico sobre un posible ELA culminado.

El Departamento del Interior resaltó que el pacto sería “constitutionally infeasible”. El Departamento de Justicia se opuso porque la nueva relación le proveería más autonomía a Puerto Rico que la de los estados de la Unión.

El Departamento de Comercio tenía serios problemas con que Puerto Rico pudiera realizar tratados comerciales con otros países, pues la isla era parte del territorio aduanero estadounidense.

Ante los informes agenciales desfavorecedores de un ELA culminado, Ford se opuso a un nuevo acuerdo o pacto que le cediera poderes al territorio. En 1976, cuando Estados Unidos celebraba su bicentenario, se convirtió en el primer presidente que públicamente censuró el status colonial de Puerto Rico. Rechazó la posibilidad de un ELA culminado o un pacto, y respaldó la estadidad para la isla. Su petición de estadidad fue ignorada por el Congreso.

Los presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama nombraron un “Task Force” en la Casa Blanca para estudiar el status de Puerto Rico (sin participación alguna del liderato puertorriqueño). Los informes de 2000, 2005, 2007 y 2011, resultaron ser ejercicios fútiles e inconsecuentes. Ninguno de los informes ha proveído una ruta futura para el país.

Sin embargo, los informes coincidieron en ratificar el status territorial con los poderes plenarios en manos del Congreso, y en que la Constitución de Estados Unidos impide la culminación de un territorio (ELA). Dicha culminación sustraería a Puerto Rico de la cláusula territorial y lo insertaría como otro de los países soberanos (independientes) de la comunidad internacional, donde todo es negociable entre iguales, para beneficio de ambas partes.